La guía de buenas prácticas para los riesgos laborales de las camareras de piso estará lista tras el verano, según ha anunciado hoy el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González, quien confía en que ayudará a medir objetivamente la adecuación de sus condiciones laborales a la legislación, a pesar de que no será de obligado cumplimiento.

González, que reunió a empresarios y sindicatos en la mesa técnica de hostelería para tratar sobre la guía de buenas prácticas para riesgos ergonómicos y psicosociales del sector hotelero, afirmó que las organizaciones empresariales más representativas han mostrado su total predisposición a poner en práctica esa guía, de la que Canarias es pionera y en la que se han interesado regiones como Madrid, Andalucía y Baleares.

La guía está prácticamente finalizada y se están llevando a cabo los últimos análisis prácticos en situaciones reales en los establecimientos hoteleros, para comprobar su viabilidad y su utilidad en la medición objetiva del grado de adecuación de las condiciones de trabajo a la legislación sobre seguridad laboral.

Aunque al tratarse de una guía su cumplimiento no es obligatorio, el director general confió en que dado el acuerdo en su contenido pueda ser incorporada en los convenios en el marco de la negociación colectiva.

"Es un instrumento que la mesa técnica de hostelería pone en manos del sector" para ayudar en la aplicación de la normativa, insistió el director general de Trabajo.

José Miguel González declaró que en el último año y medio se ha incrementado la actuación y la eficacia de la Inspección de Trabajo en todos los ámbitos, también en el sector de la hostelería, que representa el 30% de la actividad económica en Canarias, aproximadamente.

En 2018 se han incorporado seis nuevos inspectores de trabajo, lo que supone que ya hay 97 inspectores y subinspectores actuando sobre el terreno para cumplir las 29.000 órdenes de servicio y 60.000 actuaciones que hay planificadas para este año.

En el primer trimestre de 2018 se han emitido sanciones por 3,5 millones de euros en todos los sectores y se han regulado 2.000 empleos, todo lo cual redunda en una mejora de las condiciones de competencia entre las empresas, afirmó.

En la mayoría de los casos, las irregularidades encontradas por los inspectores tienen que ver con modalidades contractuales que no reflejan el desempeño del trabajador, incumplimiento de la legislación de riesgos laborales y recuperación de cotizaciones a la Seguridad Social.

En 2017, la recaudación por sanciones de la Inspección de Trabajo alcanzó los 18 millones de euros.