El Ayuntamiento de El Rosario, durante la etapa del anterior gobierno, desoyó un informe municipal que denegaba la aprobación definitiva del convenio urbanístico de Costanera, "habida cuenta de que su contenido incumple de forma flagrante normas imperativas legales". Así lo recoge un documento con fecha de enero de 2012 redactado por la técnico de administración general Elizabeth Hayek y al que ha tenido acceso EL DÍA. También apunta que la aprobación "implicaría un acto administrativo nulo de pleno derecho".
Este asunto fue destapado por el hoy alcalde rosariero, Escolástico Gil, durante el pleno celebrado el jueves. En un punto en el que el concejal socialista Álvaro Meneses criticaba el proyecto del parque de Costanera, el regidor local hizo públicas las presuntas ilegalidades detectadas en el momento de la construcción de este núcleo litoral, según avanzó ayer este periódico.
En esencia, lo que ocurrió fue que el consistorio tenía que recibir el 10% del aprovechamiento urbanístico: 1.109 metros cuadrados. Pero aceptó algo muy distinto: 340 metros cuadrados de una zona verde (y, por tanto, no edificable); una ingente cantidad de suelo -119.000 metros-, pero rústico, con protección natural de ladera y arqueológica y con 3,1 euros de valor para cada metro (es decir, otro espacio sin rentabilidad), y 50.000 euros para la actualización de los "valores de mercado".
En su intervención en el pleno, el alcalde señaló que entiende que existe ahí un "escándalo urbanístico de proporciones incalculables", y dijo que desconoce si lo ocurrido ha prescrito. Este viernes, en declaraciones a este periódico, afirmó que va a analizar a fondo la documentación con los técnicos para determinar los pasos a seguir. Además, explicó que se percató de los hechos al "rescatar" el expediente ante la pregunta del Partido Socialista (PSOE) sobre el parque de Costanera.
Por su parte, el secretario general de esa formación en El Rosario, José Antonio Estévez, informó ayer de que había convocado para anoche una reunión urgente de la Ejecutiva local. En descargo del PSOE, que gobernaba en el momento en el que se produjeron los hechos, sostuvo que esta formación tiene un "código ético que hay que respetar" y que "los que estaban en el PSOE ya no están en él". Por su parte, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han pedido el expediente.