La polémica comenzó el pasado mes y todavía no se ha llegado a un consenso entre las partes. La Guardia Civil elabora un documento para controlar el aspecto físico y la vestimenta de los agentes, tanto dentro como fuera del servicio. En mayo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y Unión de Guardias Civiles (UniónGC) mostraron su rechazo conjunto a la propuesta de normativa de la Dirección General de la Institución, tal y como se planteaba por la Administración.

Y el pasado martes hubo otro encuentro en la sede del Consejo de la Guardia Civil, donde las asociaciones citadas reiteraron su rechazo al actual borrador de la Orden General, insistiendo en la necesidad de abordar la cuestión desde el consenso y no desatendiendo la opinión de la mayoría de los representantes de los guardias civiles. A los colectivos que se oponen se sumaron otros, como APC-GC e IGC. Solo entidades que representan a algunos mandos están a favor de la medida, pero estos últimos también piden retrasar la aprobación para acercar posturas.

En dicha norma, se pretende regular cuestiones como el comportamiento fuera de servicio de los agentes, "lo que podríamos considerar una intromisión a la vida privada de cada persona", según AUGC, AEGC y UGC. En el borrador se establece "la obligación de someterse a un caro y largo tratamiento para retirar de la piel un tatuaje", según dichos colectivos, que opinan que tales medidas deben llevarse a cabo mediante otra figura legislativa y no con una Orden General. La iniciativa pretende regular aspectos como el cabello, el bigote y la barba, las uñas, el maquillaje (en el caso de las mujeres) o los accesorios, como las gafas de sol, los relojes, pulseras, pendientes o mochilas.

A pesar del malestar generado, los portavoces de las agrupaciones dicen que la Dirección General de la Guardia Civil pretende seguir adelante con la norma y llevarla a la próxima sesión plenaria del Consejo de la Guardia Civil para su aprobación, "evidentemente con el disenso claro -matizan- de la mayoría de los representantes de los guardias civiles".

Ante la falta, por ahora, de un nuevo director o directora general del cuerpo que pueda abordar estos cambios normativos con perspectiva suficiente, AUGC, AEGC y UniónGC señalan que mantienen "nuestro rechazo frontal a la norma, y plasmaremos nuestro voto en contra en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil". Comentan que, en caso de que finalmente se vote, "pediremos al nuevo titular de la Dirección General" la retirada de la medida, para que más adelante se aborde dicho cambio normativo "desde el consenso entre administración y asociaciones profesionales". Y advierten de que, en caso de que la Administración apruebe dicha norma, "acudiremos a la vía judicial sin ninguna duda".