La Asociación Nuestro Patrimonio reclamó ayer al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz zanjar las acusaciones entre ambas administraciones sobre los distintos modos de ver la protección del patrimonio de Santa Cruz, un llamamiento vinculado a las discrepancias existentes entre el área de Urbanismo de la corporación local y la de Patrimonio insular acerca de las actuaciones que se están desarrollando en el ámbito de la calle Miraflores y cuyas diferencias han acabado en los juzgados.

El colectivo demanda sustituir en el enfrentamiento institucional y político por soluciones que impidan la destrucción de inmuebles con valores históricos y artísticos. Recordó que la base de las discrepancias se centra sobre la necesidad de ampliar el catálogo de edificaciones con un grado de protección como patrimonio histórico.

Sobre ello, la asociación apunta que los responsables públicos están obligados por la Ley de Patrimonio HIstórico, a "coordinar sus actuaciones, colaborando para el mejor desarrollo y ejecución de sus respectivas funciones". Para ello, debieran centrar sus energías en promover vías de cooperación, de asesoramiento mutuo y de búsqueda de soluciones legales, no solo catalogaciones, sino otras de carácter urbanístico o económico, que faciliten la preservación y rehabilitación de inmuebles con valores históricos y artísticos sin protección legal a día de hoy.

El colectivo dice que proponer de forma argumentada ampliar el patrimonio histórico, ya sea por iniciativa de servicios públicos competentes en la materia (como el de Patrimonio Histórico del Cabildo) o por asociaciones ciudadanas, no debería ser tratado por parte de las instituciones una ofensa para una ciudad, sino como una causa de interés general.