El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, anunció ayer la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales del Archipiélago a dos empresas que garantizan, tal y como se pretendía, el sueldo mínimo establecido en el convenio colectivo estatal. En la provincia de Las Palmas la concesionaria será Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España por 4.720.794 euros. Y en la de Santa Cruz de Tenerife la sociedad encargada será Ilunion Seguridad por 4.016.000 euros. En ambos casos, la vigencia del contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de dos años, que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por un período máximo de otros dos años. El contrato se formalizará previsiblemente el 2 de mayo.
Rodríguez recuerda que estas empresas tienen prohibida la subcontratación parcial del servicio y remarca que la Consejería de Justicia ha procurado que sus ofertas, además de satisfacer los requisitos técnicos exigidos, también cumplan con las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores.