En pleno bloqueo de las negociaciones para el Pacto de Estado por la Educación que debería desembocar en la octava ley educativa de la democracia, hoy se cumplen doce años desde la aprobación de la LOE, que fue la sexta en ese rosario de leyes siempre rodeadas de polémica.

Enseñanza concertada, Educación para la Ciudadanía, Religión evaluable o no, reválidas... han sido varias las cuestiones sobre las que se ha centrado el debate en los 38 años transcurridos desde la aprobación de la primera ley educativa tras la muerte de Franco y en ese tiempo no se ha conseguido el consenso político para un modelo duradero.

La legislación sobre la enseñanza no universitaria en España parte de la Ley General de Educación de 1970 en la que se estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años y se introdujo una nueva estructura de etapas EGB, BUP y COU, así como la Formación Profesional.

A partir de ahí, ya con la Constitución aprobada, han sido siete las leyes reguladoras de la enseñanza no universitaria en España:

1980-1985.- LEY ORGÁNICA DEL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES (LOECE).- El Gobierno de la UCD impulsó esta ley que en realidad era una ampliación de la de 1970 y que desarrollaba algunos preceptos constitucionales, aunque varios de sus apartados fueron declarados inconstitucionales en 1981.

Esta ley, que fue negociada con la iglesia católica, introducía la Ética como alternativa a la Religión, ambas con carácter académico y evaluable.

La norma articulaba un modelo democrático en la organización de los centros docentes con participación de toda la comunidad educativa; por primera vez se regularon las Asociaciones de Padres de Alumnos.

1985-1990.- LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE).- Es la ley que introdujo la enseñanza concertada en España que sustituyó al anterior sistema de subvenciones a colegios privados.

A partir de entonces recibieron la denominación de centros concertados los centros privados sostenidos con fondos públicos, a los que se obligó a cumplir con lo estipulado en la ley, reconociendo su carácter propio, pero obligándoles a ajustar la admisión de alumnos al régimen establecido para los colegios públicos.

La LODE, primera ley educativa del PSOE, mantuvo los ciclos establecidos en 1970 (Preescolar, EGB, BUP y COU) y reguló la participación de profesores, alumnos y padres en los consejos escolares.

Estuvo rodeada de una gran polémica y fue objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad por parte de Alianza Popular que el Tribunal Constitucional desestimó.

1990-2002.- LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE)

Comenzó a aplicarse en el curso académico 1992-1993. Su implantación se realizó de forma progresiva y se completó en el curso 2000-2001.

La LOGSE introdujo como novedades la escolaridad obligatoria desde los seis hasta los dieciséis años y dividió los ciclos académicos en Educación Infantil (de 0 a 6 años), Educación Primaria (de 6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria (de 12 a 16 años).

Después de la etapa obligatoria se establecieron tres años de BUP y desapareció el COU.

Además, marcó el descenso de 40 a 25 alumnos por clase y la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados, como lenguas extranjeras, música o educación física.

La LOGSE redujo el horario de la asignatura de Religión y su alternativa, Ética, se sustituyó por "estudio asistido", ambas sin repercusión académica, hasta que en 1994 el Tribunal Supremo anuló esa alternativa.

1995.- LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (LOPEG)

En noviembre de 1995 entró en vigor la tercera ley educativa del gobierno socialista, aunque esta apenas afectaba a los aspectos docentes. La LOPEG otorgó a los centros una mayor autonomía, reforzó la inspección y, lo más destacado, obligó a los centros concertados a admitir alumnos de minorías sociales.

2002-2006.- LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE)

La LOCE, aprobada en diciembre de 2002 por el Gobierno de José María Aznar, no llegó a ponerse en marcha en su totalidad debido a que tenía un calendario de aplicación diferido que fue paralizado por el PSOE cuando volvió al poder en 2004.

Así, quedaron sin aplicarse los aspectos más polémicos como los itinerarios en la ESO y Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una reválida al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable, tanto en su vertiente confesional (Religión Católica) como laica (Hecho Religioso).

2006-2013.- LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN (LOE)

Paralizada la LOCE, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, con el voto en contra del PP y la abstención de CiU, su propia ley educativa que iba acompañada de un compromiso de gasto adicional entre el Estado y las Comunidades Autónomas de 7.000 millones de euros hasta 2010.

El aspecto más polémico de esta ley fue la introducción de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, mientras que se mantenía la obligación de ofrecer Religión, aunque con carácter optativo para los alumnos.

La LOE introdujo un bachillerato de tres modalidades (Artes, Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales) con materias comunes, así como pruebas de diagnóstico en cuarto de Primaria y segundo de la ESO.

2013.- LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

De nuevo con el PP en el Gobierno, la polémica LOMCE entró en vigor en diciembre de 2013. Contra ella se convocaron dos huelgas generales en la Educación y sobre ella pesan seis recursos de inconstitucionalidad.

Esta ley eliminó Educación para la Ciudadanía, así como la prueba de acceso a la universidad, la selectividad, que fue sustituida por reválidas al final de cada etapa educativa. No obstante, estas pruebas quedaron sin efecto por decisión del propio ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que había sustituido a José Ignacio Wert.

La ley entró en vigor parcialmente en 2015-2016 en los cursos pares de Primaria, primero y tercero de Secundaria y primero de Bachillerato; ese mismo año, en noviembre, el pleno del Congreso, con el voto en contra del PP, aprobó una iniciativa para suspender la implantación de la LOMCE y sustituirla por otra ley.

Tras ampliarse el calendario de implantación, en febrero de 2017 se produjo la primera reunión de la subcomisión negociadora de un Pacto de Estado por la Educación que debe traducirse en la octava ley de enseñanza de la democracia.

No obstante, hace un mes el PSOE abandonó las reuniones por considerar insuficiente la oferta presupuestaria del PP; le siguieron Podemos, ERC y PDeCAT.