Jueces, magistrados y fiscales protestarán desde hoy para reclamar al Gobierno que adopte las medidas o inversiones necesarias para reforzar su independencia, modernizar la Administración de Justicia con planes que eleven la calidad y eficacia de los servicios al ciudadano, así como para mejorar sus condiciones laborales.
Dentro del apartado para buscar más independencia, solicitan una reforma que incida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación, así como para que garantice la elección de los vocales por jueces y magistrados, con el objetivo de lograr la igualdad por razón de género y representatividad. Defienden que el CGPJ ampare de forma efectiva a jueces y magistrados de cualquier ataque que afecte a su independencia. Apuestan por que el nombramiento de altos cargos judiciales se haga con arreglo a perfiles previamente definidos, con un proceso transparente, debidamente motivado y por una mayoría cualificada. Además, piden la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.
Reivindican un plan de inversión suficiente y prolongado en el tiempo, en el marco de una organización rigurosa y eficiente. Con ese planteamiento global buscan aumentar las plantillas de jueces y fiscales con 300 plazas anuales más en los próximos cuatro ejercicios; modernizar edificios judiciales y fiscalías, así como un proceso de digitalización con los equipos y programas adecuados para facilitar el trabajo, en vez de ralentizarlo.
Otras demandas consisten en implantar los tribunales de instancia o crear órganos judiciales suficientes para atender el aumento de la litigiosidad (126 asuntos por cada 1.000 habitantes).
Revisar el modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones; hacer compatibles los distintos sistemas de gestión procesal en todo el país, o dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal son otras de las peticiones. Además, requieren recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a sus funciones.