La exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, llegó hoy a un juzgado de Tegucigalpa en el q ue comparece por presunta corrupción esposada de pies y manos y bajo un riguroso dispositivo de seguridad.
Bonilla fue detenida el pasado martes y remitida a prisión por presuntos actos de corrupción por malversación de caudales públicos cuando fue primera dama de la nación.
El expresidente de Honduras y esposo de Bonilla, Porfirio Lobo (2010-2014) llegó también al para "acompañar a la ex primera dama para su "respaldo como esposo y padre de sus hijos", según declaró a los periodistas.
"Esperamos que se haga justicia", enfatizó Lobo, a quien no se le permitió estar en la audiencia a petición de los representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien denunció a Bonilla.
La esposa de Lobo y otros exfuncionarios fueron acusados de "malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras (674.536 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales".
Su detención se produjo después de una investigación por parte de un equipo del Ministerio Público y la MACCIH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lobo señaló que confía en la "inocencia" de su esposa y que pudo "saludarla y darle un beso".
Añadió que la casa de la familia donde fue capturada Bonilla, que ha sido asegurada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), está a nombre de ella porque él así lo decidió en su momento para dejar "protegidos a mis hijos que tengo con Rosa".
En opinión del expresidente, a su esposa, en base a ley, antes se le debió llevar a un proceso administrativo por el manejo de fondos públicos.
Sobre los fondos que supuestamente se habría apropiado su esposa, Lobo señaló que ella abrió una cuenta personal en un banco porque el Despacho de la Primera Dama no tenía y necesitaba manejar los fondos de donaciones de gobiernos amigos y particulares que recibía para proyectos sociales.
La ex primera dama, según su esposo, estaba obligada a rendir informe de los recursos que manejaba y en su momento solicitó una auditoría de los cuatro años a su lado en la Casa Presidencial al Tribunal Superior de Cuentas.
En lo que respecta a un presunto mal manejo de doce millones de lempiras (unos 506.000 dólares) para un programa de compra de uniformes y calzado para niños de escuela, el ex mandatario afirmó que se gastaron siete millones y los cinco restantes fueron acreditados a la Casa Presidencial.
Explicó que de los fondos acreditados a la Casa Presidencial se hacían las transferencias al Despacho de la Primera Dama.