Amnistía Internacional (AI) exigió hoy al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que libere a la senadora Leila de Lima, una de sus mayores opositoras que permanece detenida desde hace un año acusada de recibir sobornos de narcotraficantes.

La organización exigió al Gobierno que "retire de inmediato todos los cargos" contra De Lima, una "presa de conciencia" que está encerrada "por motivos políticos", según el comunicado emitido en la víspera del aniversario de su arresto.

De Lima, que fue secretaria (ministra) de Justicia entre 2010 y 2015, se encuentra detenida desde el 24 de febrero del año pasado a la espera de juicio en Campo Crame, la sede de la Policía Nacional en Ciudad Quezón, en el noreste de Manila.

El Departamento de Justicia filipino la acusa de haber recibido durante su etapa como secretaria grandes sumas de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor.

Antes de su detención, De Lima presidía el Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que investigaba la controvertida campaña del Gobierno de Duterte contra las drogas, que desde junio de 2016 ha causado unos 7.000 muertos.

La senadora, una de las figuras más críticas con Duterte, mantiene que el Gobierno ha manipulado pruebas y testigos para incriminarla a modo de venganza.

La mayoría de políticos opositores al Gobierno y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos apoyan la versión de De Lima y consideran que los cargos que se le imputan "son pura ficción", como expresa el comunicado de AI.

"Ha sido señalada y apuntada solo por su oposición a las terribles políticas del presidente Duterte", indicó la ONG con sede en Londres, y añadió que los abogados de De Lima "han expresado serias preocupaciones sobre la falta de pruebas para respaldar los cargos en su contra".

En su primer año de reclusión "se le ha negado el acceso a Internet, a un teléfono móvil o a una radio o televisión", así como aire acondicionado a pesar de una solicitud de su médico, denunció AI.

Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para los Derechos Humanos (APHR) también pidieron la liberación "inmediata" de la Senadora, cuya situación calificaron como un "absurdo abuso del sistema judicial penal".

"Siendo una de las voces más opuestas a la ''guerra contra la droga'' de la administración Duterte, está claro que la detención de la Senadora De Lima es el resultado de su obstinada defensa de los derechos de todos los filipinos", manifestó el presidente de APHR, Charles Santiago.

"El gobierno recurre a la represión y a la intimidación para silenciar e impedir los esfuerzos de aquellos que trabajan para denunciar abusos y promover que se haga justicia", añadió.

De cara al juicio, que no tiene fecha definida, la senadora se enfrenta a los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la "venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte" de drogas ilegales.

Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de hasta 10 millones de pesos (159.000 euros o 196.000 dólares).