Sucesos

Juzgan a 11 personas por sobornos para realizar gestiones catastrales

El juicio comenzará el 19 de febrero y la Fiscalía pide, en total, 66 años de cárcel por cohecho, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
Noé Ramón, S/C de Tenerife
6/feb/18 6:19 AM
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La Audiencia Provincial acogerá a partir del próximo 19 de febrero un macrojuicio en el que se sentarán en el banquillo once personas acusadas de supuestamente formar una trama para cobrar sobornos por realizar diversas gestiones catastrales. En total la Fiscalía pide 66 años de cárcel, entre otra serie de penas, como es la inhabilitación y multas, al considerarlos autores de delitos de cohecho, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos.

El principal procesado es J.D.D., jefe de Planificación Informática del Catastro en Santa Cruz de Tenerife, a quien la Fiscalía atribuye haberse hecho con un poder decisorio que no le correspondía, mostrar un total desprecio a la legalidad y voluntad de obtener ilícito aprovechamiento económico. En concreto, desde 2010 este funcionario habría hecho uso de sus claves de acceso o de otros usuarios al sistema de gestión catastral para resolver expedientes frecuentemente relacionados con la subsanación de discrepancias físicas o jurídicas en las fincas. El acusado supuestamente agilizó estas gestiones sin seguir el procedimiento establecido, "todo ello previa obtención de una suma de dinero en metálico y sin expedir recibo, importe generalmente fijado por el propio imputado, que se quedaba con el 50% de lo recibido, repartiendo el resto entre las personas que lo auxiliaban en esta labor".

Las alarmas saltaron en mayo de 2012 a raíz de una denuncia cursada por el jefe de Sección del Área de Normalización de la entidad en la que ponía de manifiesto sus sospechas de que J.D.D. se hacía pasar por él en la tramitación de expedientes, como el referido a una finca situada en Vallehermoso (La Gomera). A partir de aquí se llevó a cabo una comprobación interna en la que se detectaron irregularidades en 15 expedientes tramitados por el acusado, de los 849 en los que intervino entre 2010 y 2012. Las principales anomalías encontradas se referían a inexistencia de sellos de registro de entrada, documentación insuficiente, notificaciones en mano, sin que se llevara a cabo este trámite o sin constancia de su recepción, entre otras.

Para llevar a cabo estas actividades, el Ministerio Público apunta a la colaboración de otras diez personas, de las que dos eran sobrinos del principal acusado y estaban relacionados con asuntos administrativos, inmobiliarios o de seguros. Ambos ofrecían servicios para acelerar la tramitación de expedientes catastrales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 300 y 1.000 euros, según su complejidad. Los dos habrían contado con la colaboración de una persona que ejerció como oficial de Notaría de La Laguna entre 2005 y 2012, a quien se le responsabiliza de captar clientes y derivarlos a los restantes miembros de este grupo. Otro acusado era un gestor inmobiliario, uno más atraía a posibles interesados y los restantes eran profesionales del sector inmobiliario, como una aparejadora, administradores de fincas o de sociedades. En junio de 2014, tras una denuncia presentada por la Gerencia del Catastro, la Guardia Civil efectuó entradas y registros en distintas localizaciones relacionadas con los acusados. Entre ellas en la Delegación de Hacienda, donde se incautaron de varios correos electrónicos en los que particulares solicitaban información para agilizar los trámites catastrales o se remitían diversos documentos. En el domicilio de otro de los procesados se hallaron pegatinas originales del Consejo Notarial y en los demás relaciones de cobros y de gestiones, correos electrónicos con intercambio de documentación y solicitud de trámites. Tres de los procesados permanecieron en prisión provisional y sin fianza desde el mes de junio a octubre de 2014, en el que se decretó su libertad provisional.

Siete acusados más al principio

En principio, en la operación había siete acusados más, aunque finalmente la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional al estimar que no hay indicios suficientes que acrediten su participación en la trama. La mayoría de ellos son personas que en algún momento solicitaron los servicios de los acusados, aunque no se sabe con certeza si eran conscientes de que estos actuaban de forma irregular.