El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, afirmó ayer que con la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que reconoció al Archipiélago una deuda de 138 millones de euros en el ejercicio de 2012 del Convenio de Carreteras, "decae la excusa de que no se cuenta con fondos estatales para abordar, de una vez, las tres obras principales del Sur". Es decir, Chafiras-Oroteanda, el tercer carril de la TF-1 entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Playa de las Américas (Adeje) y los tramos pendientes del anillo insular.

"Empresarios, profesionales y vecinos del Sur solicitamos al Gobierno de Canarias que las obras deben asignarse con criterios objetivos, como el índice medio de densidad de tráfico, tiempos de desplazamiento en distancias cortas, y siniestralidad", recalcó Roberto Ucelay.

A la espera de que Estado y Canarias firmen, en los términos anunciados, el nuevo Convenio de Carreteras, acuerdo que "debe tener su prioridad en las obras pendientes hace más de una década en el Sur de Tenerife", desde el CEST denuncian lo que consideran "retrasos tan injustificados como reiterados respecto a los grandes proyectos que necesita abordar de forma urgente la comarca".

Pendientes aún de que se licite Las Chafiras-Oroteanda, el Círculo está a la espera de una respuesta de la Consejería de Obras Públicas en relación con la demanda de que la obra del tercer carril de la TF-1 "se agilice, licitando conjuntamente proyecto y obra, dado lo avanzado del expediente administrativo". Además, el CEST trasladó a la Consejería "que la prioridad debe ser una primera fase del tercer carril entre Guaza y Los Cristianos, verdadero origen de todas las retenciones actuales".

El Círculo del Sur lamenta que "sigan sin concretarse medidas a corto o medio plazo para reducir de forma notable las constantes colas que están complicando la movilidad en los diferentes municipios del sur y atascos que, además de causar pérdidas e incertidumbre a cientos de empresas y trabajadores de la zona, están deteriorando al Sur como destino turístico".

El CEST valoró satisfactoriamente la sentencia del Tribunal Supremo porque, "con este precedente judicial, los recursos para carreteras se apuntalan más allá de las mesas de negociación política entre los gobiernos de cada momento", apuntó Ucelay.