"Me puedo equivocar o no, pero no voy a dejar de atender a los ciudadanos por el criterio del interventor". Así de contundente fue el alcalde, José Alberto Díaz (CC), en contestación a los portavoces de USP y XTF-NC, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, respectivamente, en relación a las denuncias formuladas contra el levantamiento de reparos en las prórrogas de contratos públicos y la superación del máximo legal previsto para el desarrollo de los contratos.
Estos dos aspectos retumbaron en el salón de plenos en lo que se convirtió en un bonito y soberbio debate mantenido en la sesión ordinaria celebrada en la tarde-noche de ayer, en los que los tres contendientes políticos subieron el listón de una sesión relativamente corta, pero con sustancia en varios de los 38 asuntos del orden del día. Y este debate se produjo en una comparecencia reclamada por Ascanio que en un principio Díaz iba a posponer, pero que ante las dudas generadas por las críticas del primero alegando "una maña que esperaba", el regidor puso todo su empeño en entrar en guerra.
El regidor defendió primeramente el trabajo de los funcionarios y recordó que la legalidad le "avala" para levantar reparos del interventor en base a la prestación de servicios que se tiene que prestar a los ciudadanos, sobre todo contratos de políticas sociales, aunque también de servicios como mantenimiento o prestaciones de otro tipo.
"Se trata de que el interventor da una consideración sobre las contrataciones y los técnicos, que son juristas y están preparados, emiten otra que avala que se levante el reparo, algo que la ley me permite, no se olvide", dijo.
En cualquier caso, la idea principal que reforzó es que no se deja de atender a los ciudadanos porque exista un informe de reparo. Y este argumento recibió rápida contestación por parte de Pérez (XTF-NC), quien le recordó que "es el interventor, y no otro, el que informa sobre las dudas acerca de la legalidad y lo hace a través de los reparos. A los funcionarios no les compete la fiscalización".
Dijo que se trata de "un conjunto de contrataciones de mucho valor económico", pero no tanto de importancia social con la excepción de las asuntos sociales. Tras eso apuntó que se vulneran las oportunidades de empresas para optar a los contratos, aprovechando la ocasión, al igual que Rubens Ascanio, para recordarle el caso Grúas.
Ante la intensidad del debate, Díaz se había guardado un as en la manga y tiró del número de contrataciones que se están procesando en este momento, "que son nada menos que 11 de 12, teniendo en cuenta que solo una está en fase inicial".
A esta información le añadió datos globales relativos a 2015 (23 contrataciones), 2016 (16) y 2017 (38), poniendo en valor el trabajo que se ha realizado desde las distintas áreas de la corporación para permitir que las contrataciones de servicios permitan el funcionamiento de los mismos, "que todos son importantes", dijo.
Fue el final a un punto que dio mucho de sí y que complementó a varios de los asuntos que se trajeron al pleno que fueron igual de interesantes. Entre ellos, la propuesta de mejora del Plan Estratégico de Subvenciones defendida por Ascanio, a través de la cual reclamaba una mejor regulación del reparto de subvenciones a entidades. Y aquí hubo de todo, dos buenos "tú a tú" protagonizados por Teresa Berástegui (Cs) y Mónica Martín (PSC), por una parte, y por Rubens Ascanio (USP) y Antonio Pérez-Godiño (CC), por otra. En este último caso, el nacionalista sacó de sus casillas al alternativo con su ironía fina "sacada de otro tiempo", le espetó Ascanio.
Al final, todos los grupos, con la excepción de Cs, asumieron la enmienda de CC-PSOE con trazos del resto de partidos por 23 votos a favor.
Por otra parte, el pleno aprobó por 19 votos a favor y 6 en contra (XTF-NC, Cs y el suspendido Javier Abreu) la enmienda de Candelaria Díaz (CC) de modificar los usos para proceder a la suspensión de las licencias de los proyectos de construcción de gasolineras en el municipio en ámbitos estrictamente urbanos, un problema que ha generado bastante contestación vecinal en las zonas de San Miguel de Geneto y La Higuerita y que la nueva Ley del Suelo puede solucionar.
Entre otros asuntos más, Juan Luis Herrera (XTF-NC) reclamó que la corporación reconsidere la inversión en el nuevo "depósito de grúas" que se creará en La Verdellada, un asunto que dijo era de competencia del servicio externalizado del actual concesionario y cuya maniobra servirá como último fin en beneficiarlo.
Sobre ello, el edil de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, le rectificó y le dijo que era una obligación legal de la corporación tener un espacio como este para la custodia de vehículos en situación especial, "ya que el depósito de Herradores se ha quedado pequeño". Herrera se revolvió y le insistió en que el último fin es beneficiar al actual servicio de grúas.
Al final, el grupo de Gobierno (CC-PSOE) y PP sumaron 13 votos para sacar adelante su enmienda de sustitución.
Otros asuntos
El PP sacó adelante por unanimidad una moción enmendada sobre las obras de la pista de Las Hiedras. Antonio Alarcó (PP) destacó, junto al resto de partidos menos CC, la nula información con respecto de las obras y puso en valor el acuerdo tras hablar con los sectores implicados. Se insta a que, a partir de ahora, en las obras en espacios naturales se lleve a cabo una política de información y participación de afectados, como resumen.
En otra comparencia, Jonathan Domínguez (CC) se preparó los argumentos contra las reclamaciones de Rubens Ascanio (USP) en defensa de la implantación de una nueva central de comunicación. En este caso, el segundo no estuvo muy afortunado y le faltaron más puntos de defensa en su alegato frente a Domínguez.