Jueces decanos de distintas zonas del país, Santa Cruz de Tenerife entre ellas, han reclamado hoy la estabilidad de las medidas contempladas por el plan de urgencia en materia de cláusulas suelo puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de poder hacer frente al aumento de los litigios por condiciones abusivas en contratación hipotecaria.

Así lo han expresado sus representantes en la reunión mantenida esta mañana con el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y varios vocales de la Comisión Permanente, a los que han mostrado su respaldo siempre que existan garantías de que las administraciones dotan de medios a los juzgados especializados.

En este sentido, los decanos, entre ellos los de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao y Toledo, han pedido al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias trasferidas una mayor estabilidad en el nombramiento de los jueces de refuerzo, de modo que sea posible elaborar planes concretos de trabajo y señalamientos a largo plazo.

De igual modo, han coincidido en que es "inviable" revertir la situación y volver al panorama anterior a la puesta en marcha del plan, que entró en vigor el pasado 1 de junio, y han asegurado que el funcionamiento de las sedes especializadas en cláusulas hipotecarias ha supuesto un "refuerzo indirecto" de los juzgados civiles, al disminuir la entrada de asuntos y agilizar así los tiempos de respuesta.

Durante el encuentro, Lesmes se ha comprometido a dotar de dicha estabilidad a las medidas y ha señalado que el objetivo es "ofrecer certeza a la ciudadanía"; además, ha calificado la labor de colaboración de los jueces decanos de "imprescindible" en el diálogo con las Administraciones para prolongar el plan más allá del próximo 31 de diciembre.

Precisamente hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del colapso de los juzgados especializados como el de Madrid, en el que el número de demandas pendientes de registrar pueden superar las 13.000, según sus cálculos.

En una nota de prensa, el sindicato más representativo de la administración de justicia señala a éste por "estar creando un tapón en la Oficina de Registro dependiente del juzgado decano que no sólo afecta a los damnificados por las cláusulas suelo, sino que puede repercutir en el resto de demandas civiles".

En opinión de CSIF, no basta con mejorar los medios de estos juzgados ya que es "absolutamente necesario el refuerzo de esta oficina y compensar el mayor esfuerzo que se les está exigiendo".

El próximo lunes, el CGPJ se reunirá con representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas para evaluar la marcha del plan y estudiar las necesidades del mismo.