Carles Puigdemont y cinco exconsellers se han trasladado a Bélgica con la opción de solicitar asilo político, mientras que el Govern -destituido el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy- ha decidido ceder al Estado el control de la administración autonómica catalana sin oponer resistencia.

En un enésimo giro imprevisto en el guion del proceso soberanista, la primera jornada laborable tras la declaración de independencia del pasado viernes en el Parlament ha venido marcada por el desplazamiento a Bruselas de Puigdemont y los hasta ahora consellers Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret.

Un traslado del que, según diversas fuentes soberanistas consultadas, no tenían constancia previa altos dirigentes del PDeCAT y de ERC, incluso representantes de Junts pel Sí (JxSí) sobre quienes pesan querellas por todo este proceso desconocían estos planes del Govern y han encajado el anuncio con "perplejidad".

El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach dio por hecho el "exilio" de Puigdemont como "denuncia" contra España ante la comunidad internacional, después de que el domingo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriera que puede solicitar asilo, si bien el primer ministro, Charles Michel, lo desautorizó.

El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, dijo ayer que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir "señales serias de persecución" o de que corre riesgos en el país de origen.

El viaje -de Cataluña a Marsella en coche y, desde ahí, en avión hasta Bruselas- trascendió el mismo día en que la Fiscalía anunció una querella contra Puigdemont y 13 exconsellers por rebelión, sedición y malversación y dirigió una segunda querella por esos mismos delitos al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa.

El abogado Paul Bekaert, que representó a la presunta etarra Natividad Jáuregui -cuya entrega a España fue rechazada por la Justicia belga-, confirmó que ha sido nombrado "consejero" por Puigdemont. Desde que el Parlament declaró la independencia el pasado viernes, consciente de su debilidad ante la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern no dio un solo paso para hacer efectiva la "república", no firmó un solo decreto para desplegar la ley de transitoriedad jurídica y desactivó toda movilización del soberanismo en la calle.