La Fiscalía se ha querellado hoy contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

Así lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha explicado que en las querellas se solicita que sean citados los querellados "en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados" y, en caso de incomparecencia, solicita su "inmediata detención".

Maza ha detallado que la primera querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra "los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia", realizada "con total desprecio a nuestra Constitución"

La segunda querella se ha presentado esta misma mañana ante el Tribunal Supremo al conservar "la mayoría" de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Esta querella se dirige contra Forcadell y contra todos los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo.

Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos "la culminación del proceso independentista" facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

El fiscal general ha recalcado que "a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas".

En la comparecencia, Maza ha estado acompañado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía, Fausto Cartagena, y del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa.

INDEMNIZACIONES DE 6 MILLONES

La Fiscalía solicita sendas fianzas de seis millones de euros en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern ante la Audiencia Nacional como en la presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.

En ambas querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, el Ministerio Fiscal interesa que se les cite a todos con "carácter urgente" para declarar ante la Justicia y que "se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados".

De este modo, la Fiscalía pide que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".

Conscientes de que iba a haber violencia

Los miembros destituidos del Govern catalán eran "plenamente conscientes" de que la "muchedumbre" que acudió a votar el 1-O "iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia material y física", afirma la Fiscalía en la querella presentada hoy contra ellos ante la Audiencia Nacional.

En la querella por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente Carles Puigdemont y todos sus consellers, la Fiscalía hace un relato pormenorizado de hechos presuntamente delictivos protagonizados por los representantes políticos catalanes en los últimos años, incluida la jornada del referéndum ilegal de autodeterminación.

Según el escrito, ese día los querellados "eran plenamente conscientes de que los sectores independentistas de la población por ellos movilizados, una vez hubieran ocupado los centros de votación y sus alrededores, quedaban sin ningún tipo de control".

"Sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la ley", indica el escrito, que añade que eran "conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum".

"La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la ''resistencia pacífica'' -añade la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes".

De esta manera, agrega que "los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada".

Acto seguido, la querella detalla situaciones de violencia que se vivieron en centros de todas las provincias catalanas. En Barcelona, relata lo ocurrido en la escuela Ramón Llull, donde se produjo un herido grave en un ojo por un disparo de pelota de goma.

Allí, explica el escrito, los antidisturbios se encontraron a las 8.30 horas con unas 700 personas en actitud de resistencia y bloqueando la entrada al centro, y tras media hora la Policía Nacional, ante la imposibilidad de acceder, "cargó contra los concentrados", entró y se llevó las urnas.

"Finalizada la actuación, los concentrados acosaron y acometieron a la policía para impedirles abandonar el lugar teniendo que lanzar salvas de advertencia y dos pelotas de goma para conseguir salir de la zona. Como consecuencia del acometimiento de los congregados resultando lesionados siete policías", afirma la querella.

En otro centro, el instituto Jaume Balmes, indica que los alumnos se echaron al suelo para bloquear la entrada y los padres formaron una cadena humana, "por lo que la Policía hubo de emplear la fuerza imprescindible para llegar hasta la puerta, formar una línea policial y poder coger el material electoral, resultando lesionado un policía".

También resultó herido un agente en el instituto Pau Claris, donde intervinieron para despejar una sentada en una escalera en la que "una persona alegó que le habían roto los dedos de la mano uno a uno, si bien, como ella misma reconoció después, solo tuvo una especie de capsulitis en un dedo", dice la Fiscalía, que añade que la intervención "fue entorpecida por un mando de Mossos s''Esquadra que se encontraba en el lugar".

En la Escola Mediterrània se vivieron esa mañana más escenas de violencia cuando los agentes "tuvieron que ejercer la fuerza" ante un grupo de ciudadanos que impedían la entrada. En ese momento, "se desencadenó una salva de insultos contra ellos" y allí había unos mossos d''esquadra que "también insultaron" a los antidisturbios "llegando a agarrarles".

En otros centros de la capital catalana se levantaron barricadas e incluso se puso una grúa para impedir la entrada a los agentes, los policías dispararon salvas para conseguir marcharse y se enfrentaron con grupos de personas en situaciones que, como en el caso del instituto Diputación, se tornaron "tan violentas" que se vieron obligados a replegarse ante el temor de "una muchedumbre que podía descontrolarse en cualquier momento".

En este último centro, tuvieron que disparar pelotas de goma "pues habían quedado bloqueados y fue la única manera de abrirse paso ante la multitud".