El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, rehusó ayer comparecer en el Senado de España para oponerse a las medidas propuestas por el Gobierno central para impedir la secesión de esa comunidad autónoma, ya que consideró que la decisión de aplicarlas "ya está tomada".

Fuentes del Gobierno regional de Cataluña explicaron que, pese a que su "voluntad" era comparecer hoy ante la comisión de 27 senadores que tramitará las medidas incluidas en el artículo 155 de la Constitución española, Puigdemont decidió finalmente no viajar a Madrid, ya que a su juicio su intervención no tendría mayor utilidad.

Posteriormente confirmó su ausencia a través de su cuenta en Instagram: "No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. Seguimos. CatalanRepublic".

En lugar de Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista), el Ejecutivo catalán enviará al Senado un documento con las alegaciones en contra de la aplicación de dicho artículo, mediante el que el Gobierno central, con la autorización de la Cámara Alta, puede asumir el ejercicio de las competencias de autogobierno de una región autónoma cuando sus gobernantes incumplan las leyes.

La decisión del líder regional fue comunicada ayer a los grupos políticos en el Parlamento catalán por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, poco después de que diversas fuentes soberanistas indicaran que no acudiría hoy al Senado, según fuentes parlamentarias.

La negativa no sorprendió al Ejecutivo español, cuyo ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que, con esa conducta, el líder catalán ha dejado claro que "no quiere dialogar".

"Cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, dialogar ni atender a los requerimientos", dijo Méndez de Vigo, quien destacó que esa es la actitud que se ha visto "desde el principio".

Antes de conocer que Puigdemont no acudiría al Senado, el Parlamento regional de Cataluña había previsto celebrar hoy por la mañana un pleno monográfico sobre las medidas contenidas en el artículo 155, pero finalmente tendrá lugar esta tarde, cuando se había previsto la comparecencia en la Cámara Alta.

Fuentes soberanistas aseguraron ayer que las propuestas derivadas de ese pleno se votarán mañana. Mientras tanto, el presidente regional de Cataluña sopesa una respuesta que iría entre declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña o convocar elecciones autonómicas anticipadas con arreglo a la ley.

Los senadores de ERC y el PDeCAT presentaron sendos recursos de amparo al Tribunal Constitucional con los que pretenden la suspensión cautelar de la tramitación en el Senado de las medidas previstas por el Gobierno contra la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Entienden ambas formaciones que los pasos dados hasta ahora por la Cámara Alta con la propuesta del Ejecutivo presentan una serie de "anomalías" que vulneran el derecho de los senadores a poder ejercer plenamente sus funciones, y así citaron la exclusión de los senadores designados por el Parlament de Cataluña durante su tramitación.

Según explicaron los portavoces de ERC, Mirella Cortés, y PDeCAT, Josep Lluís Cleries, también consideran que las actuaciones que pretende llevar a cabo el Gobierno al amparo del 155 no están previstas en este precepto constitucional, como la convocatoria anticipada de elecciones, reservada por el Estatut al presidente de la Generalitat y que pasaría al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Además, ambos apuntaron que confían en que el Constitucional resuelva su petición con la misma "celeridad máxima" que ha empleado en otras ocasiones, la última con el recurso que presentó el líder del PSC, Miquel Iceta, para la suspensión de un pleno del Parlament de Cataluña que se iba a convocar el pasado 9 de octubre. Los dos recursos anunciados ayer son complementarios, y el del PDeCAT está ya registrado en el Alto Tribunal, según la formación nacionalista, que solicita expresamente la suspensión de la tramitación en el momento mismo en que se admita a trámite su escrito, tras alertar del "inminente riesgo" que supondría seguir dando curso al requerimiento del Gobierno de no paralizarlo ahora.