Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz abre la posibilidad de que se pare la reforma de Miraflores

La concejal de Urbanismo dice que el Cabildo podría dictar medidas cautelares para proteger los inmuebles, pero advierte de que, a día de hoy, no existen impedimentos legales.
O. G., S/C de Tenerife
30/sep/17 6:11 AM
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La concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, abrió ayer la puerta a que la reforma prevista para el área de Miraflores, que incluye la demolición de determinados inmuebles, pueda paralizarse.

En el Pleno celebrado ayer, y a una pregunta del concejal de Sí se Puede Eligio Hernández, González dijo el Cabildo de Tenerife tendría la posibilidad de dictar "medidas cautelares" para proteger esos edificios, aunque, paralelamente, tendría que abrir los expedientes correspondientes para indemnizar a los propietarios.

No obstante, la edil del PP dejó claro que la Gerencia de Urbanismo no tiene "entrada formal" del informe que, a solicitud de la asociación Nuestro Patrimonio, emitió el área de Patrimonio Histórico insular. En ese documento se pone de manifiesto el "indudable" valor patrimonial de varios edificios del entorno de Miraflores.

Por ello, la concejal de Urbanismo remarcó que "a día de hoy" -por ayer- no existe ningún impedimento legal para que los propietarios de esas casas ejecuten las obras que estimen oportunas, pues están en suelo urbano no consolidado, tal y como estableció una sentencia del Tribunal Supremo. "De hecho, ya hay algunas licencias solicitadas para ejecutar el proyecto", aseguró.

Al respecto, Zaida González recordó que si bien el Cabildo había advertido de la importancia de la conservación de estos inmuebles hace varios años, "no fueron introducidos" en el catálogo que se aprobó en la revisión del Plan General de Ordenación de 2013.

Cabe recordar que Urbanismo dio por finalizado el proyecto de urbanización de Miraflores el pasado junio, un área que, según el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, reclama una intervención "a gritos".

Durante la sesión plenaria de ayer se abordó también otro de los asuntos urbanísticos más polémicos de los últimos años: el Plan Especial de El Toscal. Siguiendo las recomendaciones del último informe del secretario del Pleno, CC, PP y PSOE aprobaron retrotraer el citado plan a la fase de exposición pública, para hacer efectiva la entrada en vigor del documento "a la mayor brevedad y con absoluta seguridad jurídica".

"De haberse continuado con los defectos hubiese sido declarado nulo de pleno derecho", insistió la concejal de Urbanismo.

La curiosidad en la votación la dejó el exedil del área Carlos Garcinuño (PP), que se abstuvo en la votación final junto a Sí se Puede, Izquierda Unidad y Ciudadanos.

Y sin abandonar los asuntos urbanísticos, el grupo de gobierno rechazó la propuesta de Sí se Puede para que no se externalizara la revisión del nuevo PGO. El argumento para el rechazo: los recursos, tanto de la Gerencia de Urbanismo como de Viviendas Municipales, no son suficientes para afrontar el proceso.

Para tranquilidad de la oposición, el alcalde y la concejal de Urbanismo remarcaron que el jefe de Planificación de la Gerencia estará "al tanto de todo".

Higiene democrática y "Gran Hermano"

En un pleno que había transcurrido con bastante normalidad, el intento de reprobación (traducida en dimisión) por parte de Izquierda Unida y Sí se Puede de tres concejales del grupo de gobierno, José Alberto Díaz Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Acha, acabó con el "buen rollito" de la sesión.

Primero Acha (PP) y luego Díaz Estébanez (CC) se mostraron bastante críticos con el ataque "personal" que, a su juicio, pretendían los dos concejales de la oposición citados.

La moción ya venía "calentita" desde el día en el que Ramón Trujillo y Pedro Fernández Arcila la presentaron en rueda de prensa, con las supuestas amenazas que, según ellos, había vertido el edil de CC en la Junta de Gobierno. Ayer, la "tarascada" la tuvieron que aguantar Trujillo y Eligio Hernández, que justificaron la reprobación en el "quebranto" que supuso para las arcas públicas el convenio de la compraventa de los terrenos del frente de Las Teresitas, que los tres ediles del grupo de gobierno votaron en el pleno. También se aferraron al argumento de la "higiene democrática" y a la inexistencia de una "mínima autocrítica".

José Carlos Acha se refirió a la moción como un "esperpento de Gran Hermano", presentada para "lanzar barro" a tres concejales, y sostuvo que, ni siquiera, estuvo presente el día de la votación. Y, claro, como era de esperar, salió a colación la investigación (antes imputación) de Fernández Arcila por un delito electoral. "¿Merecería una reprobación?", se preguntó Acha.

Díaz Estébanez fue aún más crítico. "Es la única moción de IU en dos meses; IU es la marca blanca de Podemos; no se une al otro grupo para no perder los privilegios que tiene" fueron algunas de las afirmaciones que les dedicó el portavoz de CC.

Mientras, Elena Mateo hizo encaje de bolillos. Con un discurso más bien plano, en el que destacó que el objetivo debe ser "recuperar el dinero", dio a entender que rechazarían la moción. Finalmente se sumaron a ella.

El "sentido común" lo puso y lo pidió Antonio Blanco, de Cs. "Han sacado lo mejor de cada casa", reconoció. El Pleno recuperó después la normalidad.