El expolicía local de Arona Juan M.R. aceptó una pena de dos años de cárcel y la inhabilitación para ejercer este cargo durante tres, al confesarse autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos por valor de casi 41.000 euros.

En concreto, el exagente municipal admitió que durante los años 2013, 2014 y 2015, se aprovechó de su condición de policía local destinado en el Negociado de Multas de Arona y, de esta manera, se apoderó del importe de sanciones que imponía este cuerpo de seguridad.

Las sustracciones se llevaban a cabo en el cobro de las infracciones antirreglamentarias que se pagaban directamente y en efectivo en el Negociado de Multas de Arona, desde donde se tenían que transferir al ayuntamiento.

En la imposición de la pena, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tuvo en cuenta que el acusado se personó en su momento ante el superior jerárquico y reconoció los hechos antes de que la causa fuera judicializada.

Posteriormente, dicho funcionario procedió a restituir al consistorio sureño el dinero del que se había apropiado.

Por ello, la entrada en prisión queda suspendida y a expensas de que no cometa ningún hecho delictivo durante los próximos dos años.

El Jurado aplicó la concurrencia de una circunstancia atenuante muy cualificada, como es la confesión, tal y como estuvo de acuerdo en aplicar el Ministerio Público.

Durante la vista oral, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, el acusado, en presencia de su abogado, reconoció las imputaciones y se mostró conforme con la pena solicitada por la Fiscalía.

Por ello, el Jurado entiende que no existen motivos suficientes para entender que los hechos objeto de acusación no han sido perpetrados o que no lo fueron por el acusado "o que no son constitutivos de un delito que pudiera concurrir una causa de exención de la responsabilidad criminal o de preceptiva atenuación".

En el mismo momento en el que se llevó a cabo el juicio, se procedió a dictar la sentencia de conformidad.

Como es habitual en estos casos, las partes personadas, además, se comprometieron a no presentar ningún recurso contra el fallo judicial.