"Sencillo en el fondo: delimitar si hubo error o se enviaron de manera intencionada los informes que requería el TSJC; o sea, probar un supuesto delito de falsedad documental de los tres acusados. Pero complicado en la forma por el desarrollo de un farragoso entramado documental que desgrana el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz entre 2007 y 2010". Lo valora una fuente jurídica respecto a la vista del caso Parque Marítimo II.

En la sesión de ayer, la segunda, pareció juzgarse más la forma de gestionar "la sala de máquinas" del planeamiento de la ciudad en esa época que la supuesta falsedad documental por la que están sentados en el banquillo tres de sus miembros de entonces: el secretario, Víctor Reyes, y los técnicos Elías Medina y Elena Pérez de Ayala.

Algunos de sus excompañeros declararon ayer como testigos. En este orden, el que fuera letrado, Ruymán Torres; la entonces jefa de Planeamiento, Luisa del Toro; el gerente entre 2008 y 2012, Eduardo Risueño, y el supuesto instructor del expediente, Iván García -en la Gerencia hasta 2013-, aunque este insistió en que nunca en solitario y con perfil testimonial a partir de la aprobación condicionada del pleno del Estudio de Detalle el 21 de septiembre de 2007.

Fue una sesión muy técnica y monótona con momentos puntuales de tensión por los nervios y la incomodidad evidente de algunos testigos.

Entre las reiteradas cuestiones del Ministerio Público sobre los tres Estudios de Detalle respecto a los ámbitos urbanísticos en discusión del Parque Marítimo y su Plan Especial -o mejor dicho solo uno con posteriores correcciones del promotor privado- se fue casi toda la mañana. Y en mostrar documentos a los testigos -más de diez a Del Toro- para corroborar firmas.

Hora y media de comparecencia de Torres y sesenta minutos en el caso de Del Toro. Aclararon, explicaron y valoraron hasta donde sabían, podían o querían. Más que luego los otros testigos de ayer.

En Risueño y, sobre todo, en García la amnesia aumentó por minutos. Mientras los dos primeros, con matices, reconocieron presiones, el exgerente no se pronunció y García respondió con un "en absoluto".

Pareció en ocasiones que los juzgados eran ellos y el modelo de gestión del servicio. Quedó claro que faltaban medios porque "no había ni para hacer fotocopias" e incluso Luisa del Toro habló de "desastre". Torres dijo sentir "bochorno por la situación de descontrol y confusión" que supuso enviar varios documentos sucesivos al TSJC.

Escasas alusiones a los acusados, salvo para ratificar los informes firmados por Medina -y su condición de jefe- y Elena Pérez, o las rúbricas (habituales) de Reyes.

Cinco horas entre aclarar la responsabilidad de elaborar expedientes -las firmas se confirmaron aunque no el conocimiento de lo redactado- y los sucesivos informes en respuesta a los requerimientos de otras administraciones, entre ellas Carreteras, Costas o el Consejo Cartográfico.

Ramón González de Mesa, defensor de Pérez, insistió en que el único Estudio de Detalle que cumplía con el acuerdo del pleno fue el remitido al Consejo. José Ramón Pitti, letrado de Medina, recalcó la "bicefalia" en el servicio, jurídica y técnica, admitida por todos los testigos, aunque "duró poco". Ladislao Díaz, letrado de Reyes, insistió en que "solo se discute la supuesta alteración o modificación consciente y voluntaria de los documentos remitidos".

Hoy continúa el juicio con las declaraciones de los cuatro testigos de la defensa, entre ellos la exconcejala Luz Reverón, y los peritos.