Un juez de Argentina citó hoy a prestar declaración indagatoria en noviembre próximo a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) dentro de una causa por presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Según informaron fuentes jurídicas, la decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini, quien también llamó a prestar declaración indagatoria a Máximo y Florencia Kirchner, hijos de Cristina Fernández y del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).
Deberán además comparecer el empresario Lázaro Báez y otros 20 imputados en la causa, que tiene en la mira a la empresa Hotesur, dedicada al sector inmobiliario y participada por la exmandataria.
La ronda de declaraciones indagatorias, que había sido solicitada en mayo pasado por los fiscales del caso, dará inicio en octubre próximo y concluirá el 20 de diciembre.
Cristina Fernández debe presentarse el 9 de noviembre, mientras que su hijo mayor, Máximo, tendrá que comparecer el 13 de noviembre y Florencia Kirchner el 15 de noviembre.
La asistencia de la expresidenta a los tribunales se dará pocas semanas después de la celebración los comicios legislativos programados para el 22 de octubre en Argentina, en los que Fernández aspira a obtener un escaño en el Senado, en el que podría sentarse desde el 10 de diciembre si gana.
En su resolución de hoy, publicada por el Centro de Información Judicial, el juez Ercolini, además de convocar a Fernández a prestar declaración indagatoria, resolvió mantener la inhibición de bienes que pesa sobre la exmandataria.
A finales de mayo pasado, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado al juez convocar esta ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investigan supuestos pagos a los Kirchner por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por Hotesur.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la exmandataria y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
La diputada aseguró que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para supuestos negocios irregulares junto a Lázaro Báez -detenido desde abril de 2016 en otro caso por presunto lavado de dinero-.
En su resolución de hoy, el juez describe una serie de "maniobras" que, afirma, "fueron diseñadas y pergeñadas principalmente por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último".