El Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia a través de la cual le recuerda a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que está obligada a pagar 921.615 euros por la expropiación de 5.500 metros cuadrados que están destinados a la ampliación de la Vía de Ronda, en La Laguna. El Ejecutivo autónomo se había dirigido al TS para que rechazara un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le obligaba a efectuar el pago en concepto de ejecución provisional.
Sin embargo, ahora el alto tribunal recuerda que un nuevo fallo judicial que ya es firme, emitido a finales del pasado mes de abril, vuelve a ratificar que es la Consejería quien debe hacer frente a este desembolso. Eso sí, se rechaza que se abonen también 149.000 euros en concepto de intereses de demora.
El Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna aprobado en el año 2000 contemplaba la ocupación de un total de 30.378 metros cuadrados en los alrededores del aeropuerto de Los Rodeos con el fin de construir un polideportivo del Campus Universitario de El Coromoto. De esta superficie se reservó una parcela de casi 5.500 metros cuadrados dentro del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana.
En su momento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determinó que el pago de las ocupaciones correspondía al Gobierno de Canarias y emitió un auto para que de forma provisional hiciera los correspondientes desembolsos. Posteriormente, otro fallo del Supremo fijaría que en el propio plan especial territorial se indica "expresamente" que el abono de las expropiaciones necesarias para ejecutarlo se debían realizar con cargo al convenio de carreteras firmado entre el Ejecutivo autónomo y el estatal.
En realidad la expropiación acordada en su día para la ampliación del campus sumaba 31.000 metros cuadrados y suponía un total de 5,3 millones de euros. Durante años se inició una batalla legal para determinar si este pago correspondía al ayuntamiento, la Universidad de La Laguna (ULL) o el Gobierno de Canarias. Finalmente, se fijó que era el Ejecutivo autónomo el que tenía que hacer frente a la ocupación de los terrenos para la construcción del nuevo viario. Pero, a su vez, la ULL debe asumir los que se corresponden a la ampliación del campus, que suman 4,4 millones, aunque también se evita que abone los intereses de demora, que ascendían a 686.500 euros.