El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está convencido de que "la sociedad entiende" que la ley tiene que contemplar un mayor reproche penal para conductas imprudentes de los conductores, como el consumo de alcohol y drogas, las distracciones graves o la omisión de socorro tras un siniestro.

"Hay que guardar un equilibrio pero tiene que haber un reproche penal acorde con la gravedad de los hechos", defendió Zoido pocas horas antes de que diera comienzo la primera operación especial de tráfico del verano.

Durante los próximos dos meses Tráfico espera que se produzcan 89 millones de desplazamientos, con miles de personas en las carreteras, a las que Zoido, de forma simbólica, le "encantaría pasar lista" para que todas estuvieran de regreso a sus casas con vida, si bien en lo que va de año, con fecha 29 de junio, han fallecido ya 554 personas, 17 más que en 2016.

Zoido explicó este repunte, entre otros factores, por el aumento de los desplazamientos y del parque automovilístico, sin olvidar un incremento en el "abuso" del consumo de drogas y alcohol, sobre el que el Gobierno, recordó, "ya ha tomado medidas con más controles y más campañas crudas pero sin herir la sensibilidad".

También el Ejecutivo, reitera Zoido, quiere dar más protección a los ciclistas y los peatones, los más débiles en las carretera y, por ello, el PP registró una proposición de ley en el Congreso para revisar las penas a los conductores que atropellen a estos usuarios de la vía.

Entre otras medidas, el titular de Interior explicó que se tipificará como imprudencia grave el exceso de velocidad cuando provoque un accidente, así como el consumo de alcohol y drogas, en tanto que las sanciones serán también mayores para quienes dejen abandonado en la calzada a un atropellado. "Son medidas que se deben tomar y la sociedad lo entiende. Las penas deben ser proporcionales porque sobre todo tenemos que velar por la seguridad de todos", enfatizó Zoido.

Otro de los problemas a los que se enfrenta en las últimas semanas Tráfico es a la huelga de examinadores. Zoido negó que se hubieran suspendido las 50.000 pruebas que dicen los sindicatos convocantes, aunque prefiere no entrar en una "guerra de cifras".

En lo que sí entra el ministro es en las peticiones de la asociación de examinadores para desconvocar los paros: "No podemos aceptar una postura en la que simplemente se está reivindicando una subida de sueldo porque en esas condiciones están todos los funcionarios públicos".

Y apostilló: "Yo me pongo en su pellejo, todo el mundo quiere estar mejor y ganar más dinero pero no estamos en condiciones de poder hacerlo. Creo que una reivindicación salarial no puede acabar con las ilusiones de mucha gente de sacarse el permiso de conducir".