El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado al área de Seguridad Ciudadana de La Laguna que justifique a CCOO los criterios que ha tenido en cuenta para que un agente del cuerpo fuera destinado a prestar servicio en la Unidad de Servicio de Paisano (USP) de la Policía Local.

Esta sentencia tiene como antecedente básico la denuncia interpuesta por el sindicato al entender que la incorporación del policía a la unidad especializada se trataba de un hecho completamente irregular y no ajustado a derecho, por lo que se necesitaba de una explicación para fiscalizar los méritos del agente beneficiado.

En este sentido, el delegado de Personal de CCOO, José Luis Díaz, puso el caso en los tribunales de justicia "tras recibir el silencio como respuesta del área responsable al requerimiento por escrito del sindicato acerca de los criterios que se tuvieron en cuenta por parte de la Jefatura para promocionar a un agente en esta unidad especial, puesto al que se incorporó el día 1 de abril del año 2015 y llevaba consigo una retribución por disponibilidad".

"Consideramos que la adscripción del agente a la USP necesitaba de una justificación en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pedimos eso y reclamamos al alcalde José Alberto Díaz, a través de un escrito registrado el 21 de abril de 2015, en el que le solicitamos los criterios que se tomaron para que el agente haya pasado a prestar servicio en la USP", apuntó Díaz.

El representante de Comisiones Obreras manifiesta que, según la sentencia, se enjuicia la desestimación del Ayuntamiento de La Laguna a las pretensiones del sindicato de conocer los criterios que han llevado al área de Seguridad Ciudadana a adscribir al agente en la USP. Sobre ello explica que "la administración no ha dado respuesta a la misma, incumpliendo su obligación de resolver, pretendiendo justificar los motivos que dieron lugar al nombramiento del agente en sede judicial".

Díaz criticó "la mala gestión de Seguridad Ciudadana y sus prácticas irregulares", entendiendo que las mismas "han provocado que el resto de los agentes no puedan acceder a tal puesto (Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 16.2) mediante un concurso en el que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pero ojo, no solo los agentes se ven afectados, ya que el ayuntamiento también ha sido condenado a asumir las costas del proceso, que podrían alcanzar hasta los 10.000 euros, dinero de todos los laguneros", dijo.

Una vez que se le facilite la documentación, el sindicato CCOO decidirá si reclama "la nulidad del nombramiento del agente con fecha de 1 de abril de 2015".

Contra esta resolución se puede interponer un recurso de apelación, concluyó Díaz.