Un 10% de los casos de ruptura de pareja en que no hay posibilidad de acuerdo en el proceso judicial pueden necesitar la intervención del coordinador de parentalidad. Así lo destacó ayer catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo Francisca Fariña durante la conferencia que ofreció en el Centro de la Familia de Tenerife sobre esta figura que, desde 2013, han ido implantando progresivamente Cataluña (la pionera), Andalucía, Madrid, Navarra y Galicia, y próximamente el País Vasco.

La función del coordinador de parentalidad es asistir a los progenitores en situación de alta conflictividad y la puede desempeñar un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación.