El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que se han hecho 3.545 inspecciones a acogidos a la amnistía fiscal parcial de 2012 (Declaración Tributaria Especial), con una deuda instruida de más de 246 millones de euros, de la que a 10 de enero de 2017 se habían liquidado 189 millones.

En respuesta a una pregunta del diputado socialista Pedro Saura, el ministro de Hacienda ha recordado que "no hubo una amnistía fiscal" sino una "declaración tributaria extraordinaria" y que ello dio lugar a "inspecciones muy novedosas por parte de la Agencia Tributaria".

El Gobierno del PP aprobó en el marco de los presupuestos generales del Estado para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10 % para todas las rentas que salieran a la luz (del 8 % para las empresas por dividendos en el extranjero o venta de participaciones).

El proceso estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012, permitió que se declararan 40.000 millones de euros y supuso ingresos de 1.200 millones para las arcas del Estado.

En su respuesta ante el Pleno del Congreso, el ministro ha lamentado que, después de cinco años, el PSOE siga preguntando lo mismo, ya que parece que "están atrapados en un bucle".

A juicio del diputado socialista, "la amnistía fiscal se ha utilizado para blanquear la corrupción, a los corruptos y a los delincuentes" y "ha sido la justicia la de los ha descubierto".

"Cinco años después", ha señalado Saura, "hemos comprobado que no hay caso de corrupción que no se haya acogido a la amnistía fiscal, muchos de ellos vinculados al PP, como el caso Lezo, Púnica, Defex, César, Rato, Pujol, Emperador, Noos, Caja B del PP y Gurtel".

"Y muchos mas que usted conoce pero que no quiere que el resto conozcamos", ha dicho Saura, para anunciar que "no vamos a parar" hasta que se publique la lista de amnistiados, porque se trata de un "pasaje triste y negro de la democracia, de la hacienda pública española y de su gestión".