El punto 15 del orden del día del pleno de hoy en el Ayuntamiento de Santa Cruz contempla el debate y aprobación definitiva, si procede, del expediente del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local. Los sindicatos con representación en ella, ASIPAL, CSI-F, CCOO y UGT, expresaron ayer su malestar por desconocer este hecho y anunciaron medidas contra un documento que pretende "militarizar" el cuerpo.

Inciden en la pretensión de querer "convertir a la Policía Local en una extensión de la voluntad del político que gobierne, al anular toda independencia en las decisiones y usar para ello un régimen sancionador propio del franquismo, con la amenaza a todo aquel agente que no entre por el aro de suspenderlo de empleo y sueldo".

Este reglamento, aseguran, " no ha sido negociado con las organizaciones sindicales, requisito indispensable para su aprobación, ya que modifica las condiciones laborales. No lo han querido debatir a sabiendas de que nos íbamos a oponer frontalmente".

Para los sindicatos, el texto "vulnera derechos fundamentales, como la prohibición de llevar tatuajes, piercing o pendientes, el uso obligatorio del saludo militar o pedir permiso para dejarse el bigote. Son artículos que invaden la vida privada de los agentes, vulneran leyes de rango superior, la propia normativa municipal y el Estatuto Básico del Empleado Público. No se recoge ni un solo derecho; todo son deberes y sanciones. Marginan al colectivo de la Policía Local respecto al resto de trabajadores del Consistorio".

"(Los delegados sindicales) no vamos a tolerar que esta norma arbitraria se imponga a los logros sindicales y laborales; haremos lo imposible para que se quede en la cabeza de su artífice, el subcomisario Blas Hernández, lo impugnaremos en la vía judicial y pediremos la suspensión cautelar, además de plantear movilizaciones u otras medidas que la ley nos permita". Reconocen que "es necesario un nuevo reglamento, pues el actual data de 1996, pero uno consensuado con los representantes de los trabajadores".

Y concluyen: "La Ley de Coordinación de Policías Locales se negocia ahora entre los agentes sociales y el Gobierno de Canarias. Será sustituida en breve, por lo que creemos absurdo que se imponga este reglamento en Santa Cruz".