El ex diputado de Convergencia Oriol Pujol ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen del patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitar Jordi Pujol, que cedió a su hermano mayor Jordi entre finales de 2009 y principios de 2010 la titularidad de una cuenta en Andorra en la que había 500.000 euros ya que le "incomodaba" tener esa cantidad de dinero a su nombre en el momento en que ejercía como portavoz de CiU en el Parlament y secretario general de CDC.

Según han informado fuentes jurídicas, Oriol Pujol, que ha declarado por primera vez en el marco de esta causa que se instruye en la Audiencia Nacional, no ha aportado ningún documento que demuestre la cesión de esta cuenta a su hermano mayor, pero ha asegurado que el dinero correspondía al legado que dicen haber recibido por parte de su abuelo y que estaba oculto en cuentas en Andorra.

Oriol Pujol ha estado declarando algo más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 después de que lo haya hecho también su hermana Marta, que regularizó sus fondos ante Hacienda en 2014. Ambos están siendo investigados por delito continuado de blanqueo de capitales.

"DÓNA-M`HO"

Las fuentes consultadas presentes en la declaración han explicado que en 2010 manifestó a Jordi que le "incomodaba" tener esa cuenta, así que su hermano mayor le propuso que se la "donara". "Dóna-m`ho" -dónamelo en catalán-, ha dicho el expolítico que le dijo entonces su hermano.

Tanto el juez instructor como el abogado de la defensa han insistido en preguntar a Oriol Pujol si tiene documentos que acrediten la cesión de esta cuenta o del supuesto legado de su abuelo Florenci, pero ha respondido que no dispone de ellos.

Del mismo modo se ha pronunciado previamente su hermana Marta, según las fuentes informantes, que además han remarcado que ella ha insistido en que al ser arquitecta no tiene tantos conocimientos sobre finanzas.

MAÑANA DECLARA MIREIA PUJOL

En su investigación, el juez apunta a que parte del dinero era distribuido por el mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, al resto de hijos del exdirigente catalán y a la madre, Marta Ferrusola. El magistrado De la Mata ha citado mañana, martes, a las diez de la mañana a Mireia, otra de las hijas del expresident, quien junto con su hermana Marta ya había declarado por estos hechos ante el juez de Barcelona que llevaba el caso antes de inhibirse ante la Audiencia Nacional.

En el auto en que citó a declarar a los tres hermanos, De la Mata señala todos los movimientos de cuentas y destaca la mayoría de sus ingresos a partir de 1992 proceden de transferencias del primogénito desde 12 cuentas abiertas en el Andbank de Andorra.

"Un alto porcentaje de los ingresos lo son en efectivo sin que conste razón alguna que lo justifique", explica el magistrado en su auto, que añade que todos ellos recibían las mismas cantidades de forma simultánea.

El juez se refiere a la documentación facilitada por las autoridades andorranas a través de comisión rogatoria en la que se detalla que la primera cuenta se abrió en la citada entidad con un depósito 307.000 pesetas y se acompañó de un escrito del expresident que detallaba que esos fondos eran de su propiedad. "Siendo que el ingreso lo fue en efectivo, se desconoce el origen de tales fondos", detalla De la Mata en su resolución.

En cuanto a la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, De la Mata destaca que tuvo tres cuentas en Andorra, una en Andbank y dos en BPA. En la primera ingresó, mediante transferencias, un total de 659.098,92 euros, de los que 217.786 procedían de cuentas de su hermano mayor y 239.786 de su hermano Pere.

Desde este depósito también se produjeron envíos de dinero en el sentido contrario. Así, se reintegraron entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369,02 euros, de los que 94.080,97 fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y 12.020,242 a la cuenta bancaria de Pere Ferrusola.

Además del caso de la fortuna de la familia, Oriol Pujol está pendiente de juicio ante un jurado popular de la Audiencia de Barcelona, donde se enfrentará a una petición de cinco años y dos meses de cárcel por su presunta implicación en el caso ITV.

En este procedimiento se le acusa de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer, que presuntamente ella nunca hizo.