La yakuza, la mafia japonesa, está en su nivel de afiliación más bajo casi 60 años ante los problemas para obtener financiación a raíz de las fuertes medidas policiales y un creciente movimiento civil para eliminarlos.

El número de personas que forman parte de grupos del crimen organizado en Japón se situó en unos 18.100 individuos en 2016, la cifra más baja desde que la Agencia Nacional de Policía comenzó a recabar estos datos en 1958, según informó hoy la institución. Se trata además de la primera vez que la cifra cae por debajo de los 20.000, según el informe policial recogido por la agencia Kyodo.

Por otro lado, el número de personas con ciertos vínculos con estos grupos se situó en torno a los 20.900, según el informe.

La ley del país asiático permite la existencia de los grupos yakuza siempre que no hayan sido etiquetados como "violentos" o "conflictivos", y para controlarlos les obliga a contar con sede fiscal propia y a registrar a sus afiliados.

Los gángsters nipones, que antes exhibían tarjetas de visita con el sello de su organización como "símbolo de poder" al recaudar aportaciones de negocios locales a cambio de "protección" o para lograr acuerdos empresariales, han visto reducidas sus opciones de recurrir a métodos de violencia o extorsión por el cerco policial.

Las normativas niponas en vigor desde 2011 impiden a los yakuza operar cuentas bancarias y penalizan a las empresas que hagan negocios con estas organizaciones, entre otras limitaciones.

En este sentido, el informe constata un cambio en las actividades de financiación de estos grupos, en especial de aquellos dedicados al contrabando de estimulantes ilegales, a los que se están volcando para obtener financiación ante las dificultades por otros medios.

Las acciones emprendidas por la policía contra delincuentes de estos grupos en casos relacionados con las drogas aumentaron 1,4 veces en 2016 con respecto a nueve años antes, según el informe.

Hasta hace tres décadas la yakuza estaba profundamente metida en la sociedad, y ostentaba su poder presentándose a elecciones locales y organizando conciertos y otros eventos de recaudación de fondos.

La vigilancia policial, un movimiento civil para eliminarlos en aumento y las disputas internas en las bandas han mermado no obstante su presencia y su poder.