La Audiencia Provincial acogió anteayer y ayer el juicio por un delito continuado de falsedad en documento mercantil para cometer una estafa y de alzamiento de bienes, por el que el fiscal pide 15 años de prisión en total para los tres acusados. Los implicados son consejeros delegados de la empresa Dehesa Obras Civiles y Medioambientales SA, Pablo G.M., Carlos G.M. y José Luis G.D.L.A.

La Fiscalía solicita también para los procesados que asuman una responsabilidad civil de 1,4 millones de euros. A principios de la década de los años 2000, dicha empresa hizo obras públicas como el Mirador de Humboldt, el parque de Las Indias y el parque Central de Arona.

En esas actuaciones se descubrió un total de 29 certificaciones con firmas falsificadas que el Cabildo nunca llegó a abonar a la financiera Finanmadrid SA. Con esta última entidad, que participó en el juicio como acusación particular, Dehesa llegó al acuerdo de que le adelantara las cantidades comprometidas, aunque para ello presuntamente falsificó las firmas. También ejerció como acusación la sociedad Judica, que participó con Dehesa en varias obras como socios de una unión temporal de empresa.

Durante varios meses en 2002, Finanmadrid reclamó a varias administraciones el importe de las certificaciones pagadas a la adjudicataria. El Cabildo devolvió las correspondientes a estas tres obras, que sumaban 1,6 millones, al acreditarse que las firmas que figuraban en los documentos no se correspondían con las personas autorizadas. Y la Fiscalía concluyó que habían sido realizadas "o bien por el acusado Pablo. G. M. o por otra persona a su instancia, con conocimiento de los otros dos acusados. Las únicas rúbricas auténticas eran las de este último". El fiscal cree probado que por aquellas fechas Dehesa SA estaba sumida en una profunda crisis económica, al estar amenazada por diversos embargos, incluido su domicilio social en Madrid. Por esta razón y "con la finalidad de perjudicar a sus acreedores, el propio Pablo G.M. transmitió dicho inmueble a la sociedad Biosfera 21 Estudios Ambientales SL, de la que era administrador solidario". Lo que supondría el supuesto delito de alzamiento de bienes. Durante estas jornadas fue llamado a declarar un importante número de técnicos relacionados con las obras y todos ellos negaron que las firmas que aparecían en las certificaciones fueran las suyas.

Casi todos coincidían en que los problemas de la empresa repercutieron en la finalización de las obras. Por ejemplo, el Parque de Arona tenía un plazo de ejecución de seis meses y culminó en dos años. En el caso de Las Indias, los trabajos tenían que acabarse en 14 meses y se tardó tres años, y en el mirador de Humboldt se tuvo que contratar a otra empresa para acabar los trabajos.