Hace 50 años que Aldeas Infantiles se instaló en España y 25 que aterrizó en Canarias. Desde entonces, esta ONG privada, fundada en 1949 en Austria, ha batallado para que se cumplan los derechos de los más indefensos, los menores. Su presidente, Pedro Puig, estuvo esta semana en Tenerife y analizó la situación de la infancia en un contexto aún de crisis. En el caso de Canarias, dado el nivel de paro y los índices de precariedad, Puig considera que debe haber mayor implicación pública para garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades.
¿Cómo ha vivido estos años de crisis desde la presidencia de Aldeas Infantiles? ¿Cómo ha afectado a las familias el deterioro del nivel de vida?
Durante estos años, duros y difíciles, la situación de la infancia ha empeorado. Hoy, uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social. Desde Aldeas Infantiles hemos querido contribuir de forma humilde para mejorar la vida de muchos niños. Y hemos podido hacerlo gracias a la solidaridad de muchísimas personas en España que, con aportaciones pequeñitas pero continuadas en el tiempo, nos han permitido duplicar el número de niños atendidos.
¿A cuántos niños atienden?
Entre España y Latinoamérica atendemos a unos 25.000 niños y jóvenes. La aportación de los socios nos ha permitido ampliar muchos programas preventivos que teníamos, es decir, programas para ayudar de mil maneras a familias. Las hemos ayudado incluso de manera asistencial -algo que nunca lo hemos hecho- para evitar que el niño se tenga que separar de su familia. Así, estos tiempos difíciles los hemos vivido con preocupación, pero al mismo tiempo con alegría, porque hemos podido atender a muchos más niños y hemos crecido en profesionales... Seguimos en ello.
No existe un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil. ¿Podemos romper así la transmisión intergeneracional de la pobreza en España?
Nosotros, y otras ONG, estamos pidiendo, a través de la plataforma de la infancia, que haya un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil. Y dentro de este pacto que proponemos hay dos apartados que consideramos importantísimos. Primero, incrementar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se dedica a infancia, que en España está en el 1,3%, y alcanzar por lo menos al 2,4%, que es la media de la Unión Europea. Y en segundo lugar, una iniciativa muy concreta, pero que se notaría mucho, es que las prestaciones por hijo a cargo, que son de 25,4 euros por mes y por niño, lleguen esta legislatura hasta los 100 euros. Además de estas dos, hemos hecho otras propuestas, como que se cree un fondo de reserva, similar al fondo de pensiones, para que esté garantizada la inversión en infancia en las próximas crisis que vivamos, o que se impulse una ley contra la violencia en la infancia. No podemos permitir que no exista un documento normativo que vele para que no haya ningún niño que sufra violencia, tanto en el contexto de su familia como en el colegio. Por último, creemos que hay que establecer cauces de participación para niños y jóvenes, que deben articularse través de las administraciones públicas.
Muchos municipios no cumplen con la Ley del Menor. ¿Cómo garantizamos que la ley sea efectiva?
En julio de 2015 se produjo una reforma del sistema de protección en España. Cada comunidad autónoma tiene que adaptar este documento marco a sus peculiaridades, pero durante un año no hubo gobierno. Creo que es una ley muy buena, que define qué es el interés del menor, pero que no cuenta con una partida presupuestaria que garantice que se va a aplicar.
También han puesto especial énfasis en impulsar el acogimiento familiar.
Sí, otro asunto fundamental para los menores es potenciar el acogimiento familiar, para que los niños que no pueden vivir con su familia sí estén al menos en un entorno familiar. Eso favorece mucho su desarrollo. Hasta ahora no hay muchas medidas de este tipo en las comunidades autónomas. El primer paso sería explicar a las personas qué es acogimiento familiar, porque muchas veces se confunde con adopción... Aquí, en Canarias, desde hace cuatro o cinco años sí que se apostó mucho por el acogimiento familiar y se está trabajando bastante.
La reforma del menor incluyó también la creación de un registro de delincuentes sexuales, para evitar que personas con antecedentes estén en contacto con menores. ¿Está funcionando?
Sí, se está haciendo. Desde entonces es obligatorio para todas las organizaciones que trabajamos con chicos; tenemos la obligación de aportar esos datos para que no haya ningún educador con antecedentes de este tipo.
¿Cómo valora la situación de la infancia en Canarias? ¿Las administraciones están respondiendo a las necesidades?
En Canarias la situación es dura, porque es una de las regiones donde hay más paro. Cuando no hay trabajo, los niños son los primeros perjudicados, porque estar viviendo en una familia donde no hay trabajo, donde constantemente hay problemas para pagar la hipoteca, genera sufrimiento. Creo que aquí hace falta redoblar los esfuerzos por parte de la administración pública para que esos índices de pobreza bajen. Hay que hacerlo a través de políticas sociales, de ayuda a la familia, con becas de comedor... Hay un sinfín de medidas que harían posible rebajar estos índices.
¿Cómo está influyendo la falta de recursos de las familias en el rendimiento académico de los escolares?
Cuando un niño tiene problemas en casa no es capaz de concentrarse como el resto ni de asimilar igual los conocimientos. Además, hay estudios ya que dicen que los niños que están sometidos de manera continuada a situaciones de este tipo tienen más probabilidades de padecer problemas mentales cuando son adultos. No podemos dejarlo pasar más.