El expresidente de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera (ATAO) Javier Alejandro Martínez García llegó ayer a un acuerdo por el que acepta cumplir una pena de dos años de prisión y devolver 130.000 euros a la entidad, al ser considerado autor de un delito continuado de apropiación indebida. Además, deberá hacer frente a una multa diaria de seis euros durante seis meses.

La ATAO es una asociación sin ánimo de lucro, entre cuyos fines se encuentra "agrupar a cuantas personas y entidades deseen cooperar mediante su adhesión espiritual y apoyo material al fomento de la afición al canto y la celebración del Festival de Ópera de Canarias". El expresidente fue nombrado para este cargo en el año 2005 y cesó en 2012, por acuerdo de la Junta General celebrada a raíz de una convocatoria judicial. Entre las facultades que tenía Martínez estaba su capacidad para ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencias.

Durante los años en los que ocupó la Presidencia se emitieron a su nombre, pero a cargo de cuentas vinculadas con la ATAO, cinco tarjetas de crédito de dos entidades financieras distintas. "De esta forma, el acusado, en fechas no determinadas, pero en todo caso, desde que fue designado presidente, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y a sabiendas de que el dinero obrante en estas cuentas era titularidad de la ATAO para la realización de sus fines estatutarios, procedió a realizar varios pagos con las tarjetas a su nombre para la compra de efectos particulares, así como a retirar dinero de cajeros. Nunca constó que el importe de las extracciones fuera destinado a ninguno de los fines previstos en los estatutos de la Asociación".

La Fiscalía fundamenta que el condenado llevó a cabo consumos con una tarjeta por valor de casi 75.500 euros y reintegros en cajeros de la entidad por importe de 53.800. En cuanto a las de la otra entidad financiera, se realizaron consumos por importe de casi 73.000 euros. De estas cantidades hay que descontar los gastos realizados que se pueden considerar justificados y los casi 30.000 euros reintegrados en noviembre de 2009.

El Ministerio Público calcula que las disposiciones no justificadas llegaron a alcanzar casi los 156.000 euros.

La Fiscalía solicitaba cinco años de cárcel, que se han visto finalmente reducidos al aceptar la defensa los mencionados dos años. Ahora se pedirá la suspensión de la pena con el fin de que el condenado no entré en prisión. En un principio, la intención era exigir que devolviera la totalidad de los casi 156.000 euros cuyo cobro estaba injustificado.