El Consorci del Palau de la Música, con el que las administraciones nutren de fondos públicos a la entidad cultural, se reunirá el próximo miércoles, día 15, a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, que quiere revisar la estrategia jurídica para acusar a CDC por el desvío de fondos del saqueo.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la secretaria del Consorci -que agrupa a la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona- ha convocado para el mediodía del próximo martes la reunión del comité ejecutivo de la entidad en el mismo Palau de la Música.

Entre los puntos del orden del día figura la información y valoración del juicio por el expolio del Palau de la Música, en el que el Consorci ejerce la acusación particular, una cuestión que se analizará a petición del responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Llinares.

El consistorio ha llevado este asunto a la reunión por su intención de dar un giro a la estrategia jurídica del Consorci, que pide una condena de 21 años de cárcel para los exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull, sin acusar a CDC de financiarse ilegalmente a través de la entidad.

En la reunión, además, se abordará el curso del juicio, que se inició la semana pasada en la Audiencia de Barcelona, en el que los antiguos responsables de la institución, que buscan un acuerdo con la Fiscalía para reducir sus penas, han acusado a CDC de financiarse ilegalmente a través del Palau de la Música.

El Consorci del Palau de la Música presentó su escrito de calificación del caso del expolio en noviembre de 2013, con CiU al frente tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona y el PP en el Gobierno.

La posición jurídica del Consorci del Palau de la Música no siempre ha sido la misma a lo largo del proceso judicial, que se inició hace ocho años, con el gobierno tripartito al frente de la Generalitat.

En un inicio, la acusación particular ejercida por el Consorcio -representado por las abogadas del gabinete jurídico de la Generalitat- pidió al juez que instruía el caso que abriera una pieza separada para investigar los supuestos pagos de la constructora Ferrovial a CDC e imputara al extesorero Daniel Osàcar, quien ahora afronta siete años y medio de la cárcel.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas de 2011, en que CiU se hizo con el gobierno de la Generalitat, la postura del Consorci varió y presentó un nuevo escrito para pedir la apertura de una pieza separada, en esa ocasión sin imputaciones concretas.

A pesar de las declaraciones de Millet y Montull que implican a Ferrovial en este caso, la empresa ha reiterado que el patrocinio al Palau de la Música siempre conllevó la celebración de los actos culturales previstos y que no recibió ningún trato de privilegio en las adjudicaciones de obras, que se concedieron a las ofertas con mejor puntuación.