El Ayuntamiento de Barcelona se querellará contra Carlos Rey González, el juez del Consejo de Guerra que firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich, el último ajusticiado en España, el 2 de marzo de 1974, por el procedimiento del garrote vil.

Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, ha informado hoy de esta decisión y ha explicado que el juez redactó en solitario, y en calidad de vocal ponente del tribunal militar, la sentencia que condenó a muerte al antifranquista y militante de la organización clandestina Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), que pregonaba la lucha obrera.

En ese momento, Rey era capitán auditor del cuerpo jurídico militar del ejército franquista y hoy en día sigue en activo, ha señalado Asens.

Salvador Puig Antich (Barcelona 1948-1974) fue un anarquista y antifascista apodado "El Metge", que fue detenido y acusado del homicidio del subinspector de policía Francisco Anguas durante un tiroteo.

Por esa acción, Puig Antich fue condenado a muerte y ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, el último preso ajusticiado con este método en España.

La querella anunciada hoy por Asens se suma a las dos querellas a las que ya se ha personado el ayuntamiento: una contra los bombardeos aéreos sufridos en Barcelona entre los años 1937 y 1939, y la otra, en un juzgado de Argentina, por los crímenes franquistas.

Asens ha anunciado la querella en una rueda de prensa acompañado por tres de las hermanas de Salvador Puig Antich -Carmen, Montse e Imma-, que han sido recibidas previamente por la alcaldesa, Ada Colau, y por el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, David Bondia, en representación de las 18 entidades memorialistas que secundan la presentación de la querella.

El concejal, que es abogado de profesión, ha afirmado que "el asesinato de Puig Antich es una de las páginas más negras de la historia y un estigma imborrable para la ciudad y el país".

"Es una aberración que ofende no sólo los familiares que lo sufrieron, sino a toda la sociedad y a la comunidad internacional", ha indicado Asens, que ha añadido que la querella supone un "acto de justicia contra un crimen que concentra en sí mismo toda la brutalidad del régimen franquista con Barcelona y Cataluña".

"Por eso, teníamos que llevar este caso ante los tribunales penales", ha remachado Asens, que ha anunciado también otras acciones para restituir la memoria de las víctimas del franquismo.

Asens ha resaltado que este es el primer caso de crimen franquista que el Ayuntamiento de Barcelona lleva ante los juzgados y que la querella cuenta con el apoyo de la familia de Puig Antich y de las entidades memorialistas y de derechos humanos, con la Coordinadora Estatal de la Querella Argentina (CEAQUA) a la cabeza, que también han acompañado a Asens en la rueda de prensa.

La CEAQUA ha impulsado una moción que el Ayuntamiento de Barcelona llevará a su pleno y que pide a todos los partidos asumir el compromiso de agotar todas las vías legales para sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas.

El Ayuntamiento de Barcelona ya se personó en la querella contra los crímenes franquistas en el juzgado número 1 de Buenos Aires y en la presentada por la Asociación AltraItalia, contra los bombardeos aéreos sufridos en Barcelona entre 1037 y 1939.

La de Puig Antich sería la primera que lleva a los juzgados el Ayuntamiento de Barcelona por iniciativa propia.

El pasado 28 de octubre, Barcelona formalizó un acuerdo entre ciudades para fundar la ''Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista'', junto con municipios como Pamplona, que acogió el acto, Vitoria, A Coruña, Cádiz, Zaragoza o Rivas.

Tanto Vitoria como Pamplona tienen en marcha acciones penales contra los crímenes franquistas.

En este marco de colaboración, el gobierno municipal de Ada Colau asesorará a las ciudades que quieran emprender acciones similares, como es el caso de Durango (Vizcaya), que ha impulsado una querella contra los bombardeos que sufrió esta población.