El tesorero de CDC, Andreu Viloca, y el responsable de los servicios jurídicos del partido, Francesc Sánchez, se han negado a declarar ante la Guardia Civil, según ha anunciado hoy su abogada, que ha calificado de "injustificada" su detención en el marco de la investigación sobre el "caso del 3 %".

Ocho de los 18 detenidos ayer en la operación policial contra la supuesta financiación ilegal de CDC permanecen en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, entre ellos Viloca y Sánchez, a la espera de que los investigadores decidan si pasan a disposición judicial.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, la abogada Judit Gené, que representa a Viloca y Sánchez, ha explicado que ambos dirigentes de CDC se han acogido a su derecho a no declarar ante el instituto armado.

Gené, que ha justificado el silencio de sus clientes porque se ha decretado secreto de sumario, ha calificado de "injustificada" la detención de ambos en el amplio dispositivo que la Guardia Civil efectuó ayer, en una operación supervisada por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del titular del Juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que lleva el caso.

Después de los registros efectuados a lo largo del día de ayer, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil, además de Viloca y Sánchez, el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, y el exdirector general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell.

También han pasado la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tarragona el consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, el empresario Fèlix Pasquina, y los directivos de la constructora Oproler Josep Maria Bassols y Sergio Lerma, que ha llegado de madrugada a las dependencias policiales desde Madrid, donde ayer fue detenido.

El resto de los detenidos en la operación policial, que comportó 24 entradas y registros en domicilios particulares, oficinas y empresas, quedaron ayer mismo en libertad, a la espera de ser citados próximamente como investigados por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell.

Entre esos detenidos que fueron puestos en libertad tras los registros figuran el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exgerente del Ayuntamiento Barcelona en el gobierno de CiU y ahora presidente la Fira, Constantí Serrallonga, así como dos cargos de la empresa municipal Bimsa, encargada de adjudicar las obras públicas.