Buscaban dar un escarmiento a un sindicalismo incipiente que había ido demasiado lejos con la apertura política, pero los pistoleros que en 1977 dejaron cinco muertos en un despacho de abogados laboralistas desencadenaron una reacción que puso en marcha la Democracia que pretendían frenar.

Aquellos hechos, que han pasado a la historia de la Transición como "la matanza de Atocha", conmocionaron al país. El entierro fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda en España después del franquismo con la asistencia, cívica y silenciosa, de más de cien mil personas.

El Partido Comunista de España (PCE) fue legalizado dos meses después, en abril; en junio se celebraron las primeras elecciones democráticas.

Eran las diez y media de la noche de un gélido lunes 24 de enero de 1977 cuando dos hombres irrumpieron en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha preguntando por Joaquín Navarro, secretario general de Comisiones Obreras del Transporte, organización entonces ilegal pero que había convocado varias protestas, entre ellas una huelga que acababa de celebrarse con éxito.

Navarro había dejado unos minutos antes su despacho, donde en ese momento se encontraban nueve personas: siete abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo.

Se reunían a aquella hora para coordinar a los abogados de barrio en unos días especialmente revueltos: dos estudiantes progresistas habían muerto en sendas manifestaciones y el GRAPO acababa de comunicar el secuestro del teniente general Villaescusa.

Llamaron a la puerta y Luis Javier Benavides abrió pensando que llegaban a la reunión los compañeros que faltaban, pero a quienes encontró en el umbral fue a dos hombres armados; un tercero al parecer vigilaba la salida.

Nerviosos -según el testimonio de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los supervivientes, y el relato incluido en varios libros sobre los hechos-, los dos hombres preguntaron por Navarro y obligaron a los presentes a agruparse con las manos en alto.

El que reunió más valor, Javier Sauquillo, les dijo que Navarro no estaba y eso hizo que los asaltantes se pusieran aún más nerviosos; arrancaron los cables de los teléfonos y a uno se le escapó un tiro.

A partir de ese momento, comenzaron los disparos que les derribaron a todos; y más disparos cuando empezaron a rematarles una vez en el suelo.

No lo lograron en todos los casos, ya que, por ejemplo, Ruiz-Huerta recibió un tiro en un bolígrafo que tenía en el bolsillo y luego se libró del remate porque tenía encima el cuerpo de un compañero.

Los pistoleros mataron a los abogados Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo y Luis Javier Benavides, al estudiante Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez.

Hirieron de gravedad al propio Ruiz-Huerta, a Luis Ramos, Miguel Sarabia y Dolores González Ruiz, mujer de Javier Sauquillo.

La hermana de este, Paca Sauquillo, se encontraba en una reunión en otro lugar de Madrid y por eso salvó la vida, igual que la actual alcaldesa de la capital, Manuel Carmena, por un cambio de agenda de última hora, o la abogada Cristina Almeida, que voló a Chile el día anterior.

Los asesinos -José Fernández Cerrá, de 34 años, y Carlos García Juliá, de 24, ambos de la Falange- se fueron tranquilamente y en los días siguientes no se escondieron mucho, ya que seguían frecuentando sitios cercanos al Sindicato Vertical.

"Contaban con la impunidad de todo el sistema franquista vertical, que envió a unos jóvenes de extrema derecha a dar un escarmiento -a los defensores de los derechos de los trabajadores- y les dijo que no les pasaría nada", sostiene Isabel Martinez Reverte, autora junto a su hermano Jorge del libro "La matanza de Atocha".

Sin embargo, Fernández Cerrá y García Juliá fueron detenidos en marzo, así como el tercer hombre que participó en el asesinato, Fernando Lerdo de Tejada, y el secretario del Sindicato Vertical del Transporte, Francisco Albadalejo Corredera, como autor intelectual y colaborador.

Junto a ellos, también fueron arrestados Ramón Fernández Palacios, Leocadio Jiménez Caravaca, excombatientes de la División Azul, por suministrarles armas, y Gloria Herguedas, novia de Fernández Cerrá, como cómplice.

La investigación de los asesinatos topó con dificultades tanto en el ámbito policial como judicial.

El juez Rafael Gómez Chaparro, que provenía del franquista Tribunal de Orden Público, fue criticado por su parcialidad y por conceder un permiso a Lerdo de Tejada, que aprovechó para escapar.

Ante esa situación, la instrucción del caso pasó en 1979 al magistrado Alfonso Barcala, mientras que también hubo recelos respecto a que la investigación policial se le encargase al temido comisario Roberto Conesa, por lo que se dejó en manos del inspector Francisco de Asís, que practicó las detenciones.

"La instrucción de Chaparro fue un escándalo, dictada a favor de los acusados. Pero el juicio fue muy sereno a pesar de que desfiló toda la Falange y a las víctimas se las llamaba de todo", recuerda Martínez Reverte, que cree que, aunque "no se investigó todo", quedó claramente en evidencia que lo había organizado el Sindicato Vertical del Transporte de Madrid.

Para la Fundación Abogados de Atocha no se pudo llegar más arriba del secretario del Sindicato Vertical del Transporte "porque la instrucción del sumario fue más bien una destrucción y porque eran momentos complicados", aunque fue el primer juicio que se hizo al franquismo y el primero en el que se condenó a franquistas.

El juicio se celebró entre el 18 y 26 de febrero de 1980 y la sentencia sumó 464 años de cárcel: condenó a Cerrá y a Juliá a 193 años como autores materiales; a Leocadio Jiménez Caravaca a cuatro años, dos meses y un día por tenencia ilícita de armas; a Francisco Albadalejo a 73 años como inductor y encubridor, y a Gloria Herguedas a un año por tenencia ilícita de armas. Simón Fernández falleció en el proceso.

Los dos principales encausados cumplieron unos 14 años de condena, ya que Juliá se fugó en una libertad condicional y acabó en Bolivia encarcelado por narcotráfico, y Cerrá fue puesto en libertad y también se fue a Sudamérica.

Albadalejo falleció en prisión en 1985 y del fugado Lerdo de Tejada no se supo el paradero.