El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona admitió a trámite la denuncia de la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo contra el Ayuntamiento de Adeje, la Guardia Civil y las áreas de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico y el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, por entender que estas instituciones "han actuado en contra de la legalidad vigente" en el caso del campo de tiro municipal.
Argumentan que el Reglamento de Armas establece que los polígonos y campos de tiro deben instalarse en terrenos urbanísticamente aptos para ello, pero este está en suelo rústico. Además, el juzgado ve indicios de delito con argumentos como que la instalación carece de licencia municipal de apertura, si bien el Consistorio adejero explicó que las actividades públicas no la precisan, por lo que los denunciantes entienden que debe ser el Cabildo la administración que debió corregir esta situación, tal y como establece la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
En la denuncia se detalla que los campos de tiro, si no son propietarios de los terrenos que comprenden la zona de seguridad (200 metros de distancia y 45 grados desde el puesto del tirador), deben tener permiso escrito de los propietarios del suelo afectado, que aquí es el dominio público del barranco de Ajabo. Por ello, el 3 de diciembre de 2013 fue registrada en el ayuntamiento una petición firmada por el teniente coronel jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil solicitando al consistorio que aportara esa autorización de los dueños del suelo, otorgada por el Consejo Insular de Aguas 20 meses más tardes sin que se suspendieran las actividades del campo de tiro, "a sabiendas, por la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Adeje, de la necesidad de dicha autorización".
En la denuncia, llaman la atención sobre un informe de la Guardia Civil de fecha 26 de diciembre de 2013 en el que se relata que el campo cumple con todos los requisitos legales. O sea, que 23 días más tarde de exigir un requisito no cumplido, afirman que está todo legal, cuando la irregularidad exigida se solventó el 7 de agosto de 2015, por lo que la asociación opositora a este campo, entiende que ha habido un caso claro de prevaricación.