Existen juramentos para los que no son necesarios una mesa y un crucifijo. Basta, simplemente, mucha voluntad, y, en ocasiones, mucho sufrimiento. El de Lala Lima tiene los dos componentes.

Nacida en Fuerteventura hace 58 años, se trasladó a Tenerife cuando apenas tenía siete, como consecuencia del trabajo de sus padres. Y aquí seguirá.

Aquejada desde que nació de una enfermedad degenerativa, la de Lala es una historia de superación constante, aunque con dos puntos que han marcado su vida. Así lo resume: "He estado dos veces insertada en la sociedad, y las dos me he vuelto a quedar fuera".

El primero ocurrió en 2007, cuando tras varios años con contratos temporales, fue seleccionada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para trabajar en el centro de salud de Tíncer, en el Suroeste de Santa Cruz.

Lo que parecía un trabajo perfecto y cercano a su casa, pues por ese entonces vivía en El Sobradillo, se convirtió casi en un infierno. Con el contrato ya firmado, cuando trató de llegar al lugar de trabajo en su ya habitual silla de ruedas eléctrica, le resultó imposible.

¿La razón? "La silla no pasaba por ningún lado", subraya. Por ese entonces, la avenida de Los Majuelos, mucho más desarrollada hoy, carecía de cualquier tipo de adaptación para este tipo de vehículos, y ella había dejado de conducir su coche desde hacía varios años.

El desespero fue tan grande que, aún con mucho dolor, pues el empleo se adaptada perfectamente a sus condiciones físicas, renunció a él sobre la marcha. "Me sentí mal, tanto por no poder ir a trabajar como por haber dicho previamente que sí", recuerda hoy con cierta impotencia.

Y de ahí nació su juramento. "Me juré a mí misma que lucharía porque no le pasara a nadie lo que me había pasado a mí", enfatiza. Y así lo ha hecho. Primero en otras asociaciones y ahora como secretaria del colectivo Queremos Movernos, Lala Lima sigue reivindicando una "inserción real" de los discapacitados físicos en el mundo laboral.

El segundo punto de inflexión en su vida es más reciente, aunque, en cierta medida, muy relacionado con el primero. Se produjo en 2013, cuando se vio obligada a ingresar donde reside, el Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de El Sauzal. No porque allí se encuentre mal, sino porque es una consecuencia de carecer de trabajo con el que pagar a una persona que pudiera atenderla.

Su frustración se intensifica cuando echa la vista atrás y comienza a resumir los esfuerzos que ha tenido que hacer para tratar de ser una más en la sociedad. "Cuando se aprobó la ley para que pudiera trabajar la gente con discapacidad, ese fue mi objetivo", recuerda.

Por ese entonces se creó la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), en la que realizó varios cursos de formación. Eso sí, no le sirvieron de mucho porque los baremos que utilizaban eran imposibles de superar para ella. "No podía subir escaleras. Mi trabajo tenía que ser sentada, aunque no fuera en silla de ruedas", detalla. Es decir, que "competía" con otras personas a las que, por razones físicas, no podía superar.

Cuando, por fin, pudo dar el salto laboral, la oportunidad le llegó del Servicio Canario de la Salud. Fueron diez años, primero con sustituciones y luego en un proyecto del 012, a través del cual respondía llamadas desde su propia casa.

Lo que siguió a esa etapa ya se conoce. Ahora espera que la nueva consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, "apueste" por los discapacitados. "Ellos pueden trabajar como otras personas".