La situación de la activista social y diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida desde enero en la norteña provincia argentina de Jujuy, ha puesto al Gobierno de Mauricio Macri en el punto de mira de la comunidad internacional, después de que varios organismos hayan pedido su liberación.
La diputada del Parlamento de Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece en la cárcel desde el 16 de enero, cuando la Justicia jujeña ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador, Gerardo Morales.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
El caso despertó el interés de la comunidad internacional y en octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió al Estado argentino que la liberase al considerar que fue apresada de forma "arbitraria y violatoria" de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este exhorto ha sido apoyado posteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por expertos de los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y de la Discriminación Racial, entre otros referentes de derechos humanos de todo el mundo.
El Comité por la Libertad de Milagro Sala reiteró hoy en una rueda de prensa celebrada en Buenos Aires que la detención de la presidenta de la agrupación Tupac Amaru, fue "ilegal" y "arbitraria" y criticó la "negativa" del Gobierno argentino de cumplir la resolución de la ONU.
"Milagro Sala es una secuestrada del aparato estatal de Jujuy y del Estado nacional" y "no se justifica para nada que esté detenida", como tampoco que lo estén otros cinco "compañeros" de la agrupación, denunció Eduardo Tavani, miembro de la Coordinación General del Comité.
El pasado sábado Macri aseguró que "a la mayoría de los argentinos" les ha "parecido que había una cantidad importante de delitos que ameritaba todas las causas que tiene abiertas" la activista, una declaración que este lunes el Comité calificó de "gravísima".
Para Aníbal Ibarra, abogado y político, miembro de la entidad, esta justificación de la detención "retrotrae casi a la Edad Media, donde se creía que una persona era bruja y entonces se la quemaba" y supone llegar a una "situación de encuestas de culpabilidad en lugar de procesos judiciales con jueces independientes".
Ibarra consideró que los dichos del presidente corroboran la ilegalidad, la arbitrariedad y el carácter político que tiene el encarcelamiento de Sala y el resto de miembros de la Tupac Amaru.
El presidente también afirmó que pidió a las autoridades judiciales y políticas de Jujuy que den información "con claridad" y sin "segundas intenciones" sobre la detención de Sala e invitó a los representantes de todos aquellos organismos que se pronunciaron en contra.
Este lunes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU aceptó la invitación pero aclaró que un eventual viaje al país austral no puede vincularse con ningún caso específico.
Por su parte, la militante feminista María Elena Naddeo, que también integra la Coordinación General del Comité, aseguró que "la violación de derechos humanos que se está generando en Argentina y en particular en Jujuy" con esta situación "violenta" todos los logros alcanzados en los últimos en materia normativa y de "democracia activa" en el país suramericano.
El Gobierno, en todo este tiempo, ha insistido en que le corresponde a la Justicia determinar el futuro de la activista.
El Comité se sumará el próximo sábado a una marcha convocada por distintas agrupaciones sociales y de derechos humanos con la consigna "por una Navidad sin presos políticos en Argentina", donde reiterarán sus reclamos.