La Fiscalía mantuvo ayer la pena de 77 años de prisión para el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, como también hicieron las acusaciones, que elevan las penas hasta los 126 años, mientras que la defensa pidió la libre absolución del acusado por no quedar acreditada su autoría.

El Ministerio Público le considera responsable de tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones, por lo que ha elevó a definitivas las conclusiones en la vista oral que se celebra desde el pasado 18 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. Solicitó también 40 años de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de prisión, que según recuerda sería de un máximo de 25 años, y reclamó una indemnización de 426.300 para las cuatro jóvenes por los daños morales causados y por las lesiones sufridas.

Ninguna de las dos acusaciones particulares, que representan a las familias de TP3 y TP4, han modificado sus conclusiones.

De esta forma, la acusación que representa a la familia de la segunda víctima, que fue agredida el 10 de abril de 2014, mantuvo su petición de 126 años de prisión al imputarle al supuesto pederasta varios delitos más, entre ellos, dos homicidios en grado de tentativa.

Reclamó una indemnización de hasta 690.900 euros para las cuatro jóvenes y, al igual que el Ministerio Público, solicitó 40 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

La otra acusación particular, que representa a la familia de la tercera niña, que fue agredida el 17 de junio de 2014, no modificó los 26 años de prisión que pide para el procesado, ya que solo le acusa por la menor que representa. Sin modificaciones tampoco en ninguna de las dos acusaciones populares. La Asociación Clara Campoamor pide 78 años y seis meses de cárcel, mientras que la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, se va hasta los 115 años y tres meses. La defensa también sostuvo la libre absolución del acusado y solicitó la nulidad del registro realizado en el piso de la calle Santa Virgilia, al asegurar que no estuvieron presentes ni el detenido ni el letrado de la Administración de Justicia. Del mismo modo, solicitó la nulidad de las ruedas de reconocimiento, ya que "fue público y notorio" que se convocó una rueda de prensa una hora después de su detención.