El concejal de Hacienda y portavoz del grupo de gobierno de CC en La Orotava, Juan Dóniz, asegura que las rebajas y bonificaciones fiscales consensuadas en las últimas semanas con los grupos políticos de la oposición (PSOE, USP y PP) supondrán una merma de ingresos para el ayuntamiento que rondará los 700.000 euros en 2017. Una reducción en la recaudación que "favorecerá a los ciudadanos", ya que serán los vecinos los que dejarán de pagar esos 700.000 euros en impuestos y tasas.

Las ordenanzas del próximo 2017 prevén derogar los pagos por solicitud de diversos certificados o por trámites administrativos, como empadronamiento, padrón de habitantes, de convivencia, cotejo y compulsa de documentos, para pruebas selectivas, autorización de espectáculos, reserva de parada de taxis, tenencia de animales peligrosos o consultas tributarias, entre otros. Estas se suman a las tasas eliminadas este año por solicitar licencias de apertura para cualquier negocio o establecimiento a instalarse en el municipio y también las licencia de autotaxis; por apertura de zanjas, y por utilización de instalaciones deportivas, culturales y de ocio.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reducirá en 2017 un 3,5% y "otro porcentaje similar en 2018, para cumplir el compromiso de CC de que los ciudadanos no se vieran afectados por el incremento del 10% impuesto desde el Estado, y aplicar una reducción progresiva".

El objetivo final es que en 2018, los vecinos paguen por el IBI lo mismo que pagaban en 2011.

Además, se recupera la bonificación del 100% para los vehículos de más de 25 años, "pero siempre y cuando sea el único del que dispone el contribuyente".

Para todos los vehículos de más de 30 años se aplica la bonificación del 50%. A la vez que se bonifican con un 75% a los híbridos y los que contribuyen en la protección del medio ambiente.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se plantean beneficios para las nuevas empresas y para aquellas que favorecen la creación de empleo. También se bonificarán al 95% las plusvalías generadas como consecuencia de transmisiones de inmuebles de utilidad pública o interés social.