La justicia salvadoreña dio ayer un nuevo portazo a España tras negar por segunda vez la extradición de uno de los implicados en la masacre de cinco jesuitas españoles en 1989, cuando todo apunta a que otros tres correrán la misma suerte, según explicó un magistrado del Supremo a Efe.

"Hubo unanimidad" de los 15 magistrados, en una reunión de Corte Plena celebrada "ayer (martes), en la decisión" de no extraditar a España al coronel Guillermo Benavides, quien ahora deberá completar una pena de 30 años de prisión que había quedado suspendida, aseveró Leonardo Ramírez Murcia de la Sala de lo Penal del Supremo.

El juez también aseguró que el caso de los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, "está en la misma ruta" por el crimen en el que otros 12 uniformados se encuentran prófugos y por los que el Gobierno no da razón.

Esta es la segunda ocasión en la que el Supremo niega enviar a cualquiera de los acusados de matar a Ignacio Ellacuría, a cinco de sus colegas y a dos de sus colaboradoras.

En 2012, la Corte Suprema vetó la petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España de llevar a juicio a 13 implicados bajo la premisa de que la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales cuando se perpetró la matanza.

El magistrado de lo Penal aseguró que este argumento fue analizado en la reunión del Pleno, que concluyó que el mismo fue "superficial" y "casi infundado".

Ramírez Murcia aseguró que uno de los elementos que propició la decisión fue la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional y que dio paso a que la justicia salvadoreña pueda reabrir los procesos por crímenes de guerra.

"En este caso desaparecía el sustento (de la justicia española para le extradición) de que había impunidad" por la existencia de la Ley de Amnistía, pero anulada ésta, "queda en manos de las autoridades fiscales (salvadoreñas) la persecución o esclarecimiento" del hecho, explicó.

Por otra parte, reveló que con los votos de once magistrados se decidió que el coronel Benavides "debe pasar a un centro penal a cumplir la pena" de 30 años impuesta en un juicio celebrado por la masacre entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte.

"No está ya protegida esta persona por la amnistía, por la inconstitucionalidad (de la ley), consecuentemente esta persona vuelve a su estado jurídico del momento en el que fue beneficiado por la amnistía", explicó.

El Gobierno salvadoreño, controlado por la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se mostró satisfecho con el dictamen, pese a que por años pidió justicia para las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército.

"Creo que la Corte en Pleno, después de un minucioso y exhaustivo análisis, ha tomado la decisión oportuna y coherente (...) y qué bueno, que se haya tomado de esa manera", aseguró a la prensa el vicepresidente y exguerrillero, Óscar Ortiz.

Remarcó que el Gobierno respeta "totalmente" la decisión del Supremo porque evita que "se nos vaya a debilitar, pulverizar y desarticular" el proceso de paz y democracia iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra civil (1980-1992).

Ortiz también aseguró que "no cabe" en este contexto decir que el crimen, en el que también fueron asesinados tres salvadoreños, queda en la impunidad.

En este mismo sentido, el diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y militar retirado Mauricio Vargas dijo a Efe que la negativa judicial "da certeza jurídica al país".

"La decisión de la Corte Suprema de no extraditar al coronel Guillermo Benavides da certeza jurídica al país, porque este caso (jesuitas) ya había prescrito, por lo que no hay ninguna justificación por la que cuatro personas, incluyendo Benavides, estén en prisión", aseveró.

No obstante, en el fallo del 13 de julio que anuló la Ley de Amnistía General la Sala de lo Constitucional estableció que "los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible".

El mismo se mostró cauto ante el nuevo envío del citado coronel a prisión porque, a su criterio, cuenta "con beneficios y derechos" que le dio la amnistía, pese a su expulsión del marco jurídico salvadoreño.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.

La matanza, ocurrida en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.