El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, aseguró ayer que las modificaciones legales que ha propuesto el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Tenerife sobre la ordenanza de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de edificios y urbanizaciones "técnicamente tiene debilidades".

El CAF presentó en mayo de 2015 un informe en el que proponía determinados cambios en esta norma, entre los que destacaba la eliminación "por completo" de la llamada "tarifa de cuota de servicio" por el uso de la red de incendios de las comunidades, y que se cobrara "únicamente" el consumo derivado del uso de la red.

"En estos momentos, si hay un incendio y el contador no funciona la responsable es Emmasa, pero, ¿quién sería el responsable si se aplicara este cambio?", se preguntó ayer el concejal de Santa Cruz.

Arteaga rechazó que exista un retraso en los cambios planteados en esta normativa, tal y como denunciaron el miércoles estos profesionales, y advirtió de que la modificación que se pretende "no es baladí". "Se están estudiando las alternativas", añadió.

"En este caso, cualquier cambio tiene consecuencias no solo en la parte técnica, sino también en la parte económica", aclaró el responsable de Servicios Públicos. "Y si hay un desequilibrio tendría que compensarlo el ayuntamiento", precisó el edil.

Dámaso Arteaga detalló que las comunidades de propietarios y Emmasa han llegado a un acuerdo para solucionar este conflicto en 61 ocasiones.

No obstante, no siempre ha sido así, pues muchas de las demandas han acabado en los juzgados. En cinco ocasiones ha sido la empresa pública la favorecida por la decisión de los tribunales, frente a los diez recursos "perdidos". Seis de estos procedimientos están recurridos. Según indicó el edil, el importe total de las reclamaciones asciende a 234.000 euros.

El concejal subrayó que gran parte de la modificación de la ordenanza que se llevó a cabo en 2013 afectó más a la parte técnica que a la económica. "El mayor problema que existe viene derivado de las modificaciones que tiene que hacer cada comunidad en sus instalaciones", aseveró.

"La red de Emmasa tiene un calibre ancho para garantizar el suministro. Si se conectan al mismo calibre el mantenimiento es diferente a si se hace una instalación previa, cumpliendo la normativa, y se reduce el calibre del contador", aclaró. "El pago pasa de 1.000 a 200 euros", indicó. "Eso es lo que tienen que hacer muchas de las comunidades -algunas ya lo han hecho-".

Arteaga avanzó que existe un informe del área que preside para "asesorar" a las comunidades en este sentido. "Lo que hay que garantizar es que en 24 horas el depósito, una vez vacío, se llene. Y con una calibre pequeño se puede llenar perfectamente", aclaró.

"Antes se diseñaba un calibre ancho que tiene como consecuencia que se paguen costes grandes", reconoció el concejal de Servicios Públicos, quien consideró que el coste de adaptación del calibre supone "una pequeña inversión" por parte de las comunidades de propietarios que "compensa" lo que se pagaría de no hacerla.

Precisamente, el CAF también solicitaba en su informe de mayo pasado que se mantuviera el calibre de los contadores que correspondan a cada edificio, en contra de la solución de reducirlo para rebajar la tarifa y que las comunidades pagaran menos.