La concejala del PP Zaida González denunció ayer en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz que "se hayan pagado y se estén pagando más de un millón de euros en salarios a personas que están en su casa", como consecuencia de sentencias judiciales. Apuntó que "no quieren reformar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) porque es ilegal, pero ¿cómo se llama a no cumplir las sentencias, firmes y del TSJC, aunque digan que no?".

González añade en todos sus cálculos a los salarios abonados "el 30% para la Seguridad Social". Solo en el caso de Santa Cruz Sotftware, explica: "Son 823.000 euros. Llevo tres años clamando al cielo. Cada día se paga más a gente que quiere trabajar, aunque les haya tocado esta particular primitiva".

La edil de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, reconoció su "preocupación", pero rebajó la cifra a 384.747 euros. Ese es el coste de pagar a 13 personas (González añade otra): once de Santa Cruz Software, uno del IMAS y otro de Desguaces Tenerife. Aclaró que "se siguen las directrices de los servicios jurídicos porque hay que cumplir la ley".

El resto de la sesión, de la que se tuvo que ausentar el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, por motivos personales, la definió bien Guillermo Guigou: "Me hablan de hojas de ruta en Emmasa, en el Plan General o en las PCI, pero no las conozco. ¿Me las podrían dar?".

Pedro Arcila también pidió algún documento que demuestre la "buena voluntad" en el PGO, que se aprobó oficialmente ayer tras el último plazo. Tanto el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, como Ana Zurita (PP) se enzarzaron en su habitual pugna dialéctica sobre el fuera de ordenación o los ámbitos suspendidos, donde Martín reconoció que "sigue vigente el documento del 92".

Arteaga negó el anuncio de cualquier intervención en Emmasa y aunque ya hay un avance de la auditoría de gestión, ahora se espera a los informes de los técnicos para tomar una decisión.

Un momento tenso se vivió entre Guigou y Ángela Mena, quien se defendió así: "Viviendas no entrega cuchitriles y se lo voy a demostrar. Nadie tendrá que pagar la luz o el agua antes de entrar a vivir".

Muchas preguntas se quedaron en el tintero. Algunas de hace tiempo y la oposición protestó. El compromiso fue llevarlas a pleno o responderlas lo antes posible.