Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma perderán asesores en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limita el personal de confianza al número de habitantes de cada municipio.

Los dos grupos que gobiernan la ciudad, Partido Socialista y Partido Popular, cuentan cada uno de ellos con dos asesores, mientras que la oposición, Coalición Canaria, dispone de una "ayudante". Es decir, cinco en total. Sin embargo, la capital apenas supera los 16.000 habitantes y con la entrada en vigor de la nueva ley, las corporaciones de municipios con esa cifra poblacional tan solo pueden contar con dos eventuales a disposición de las formaciones políticas. Por tanto, sobran tres trabajadores.

El acuerdo ha sido que cada partido con representación municipal pierda un asesor. De esta forma, PP y PSC mantendrán un auxiliar, mientras que CC verá como se rescinde el contrato a la única asesora que tendrá tan solo hasta el próximo 30 de abril. La ley, curiosamente, no afecta al sueldo de los políticos de Santa Cruz de La Palma, que están, pese a que algunos superen los 3.000 euros al mes, dentro de los márgenes establecidos, ni tiene en cuenta a los que disfrutan de dedicación parcial, con independencia de sus remuneraciones. Por tanto, once concejales seguirán con nómina de la institución.

Socialistas y populares ya han comunicado el personal que mantienen con cargo al ayuntamiento, aunque no es descartable que ambas formaciones decidan distribuir a partes iguales entre sus asesores el año de legislatura que aún resta, con contratos de seis meses de duración. Otra opción es que los mantengan con nómina del partido.

Juan Ramón Felipe, portavoz de CC, formación que sale más perjudicada con los cambios, hizo una reflexión a tener en cuenta sobre la labor de los cargos de confianza: "No son trabajadores que realizan servicios solo para los partidos sino que también están para lo que precise el ayuntamiento. Las arcas locales en muchas ocasiones ahorran dinero por tenerlos. Una boda por la tarde, por ejemplo, precisa de un ordenanza al que hay que pagarle el tiempo extra. Ahora te viene un asesor, abre las puertas del ayuntamiento, está pendiente de lo que haga falta y nunca cobra horas. Hasta para poner sillas para un acto municipal por la tarde se tira de ellos. No son sus funciones, cumplen muchas otras, pero las hacen".

Lo mismo ocurre con las notificaciones a los concejales para plenos o comisiones. "A partir de mayo tendrá que venir un policía local o un ordenanza a las viviendas de nuestros concejales para entregarlas", apuntó el ex alcalde.

El portavoz nacionalista entiende además que "la ley tiene errores claros. Si lo que se pretende es ahorrar dinero, habría que ir sobre la partida económica que se destina para cargos de confianza más limitar el número de ellos. No es el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pero nadie impide que dos asesores cobren más de los que cobrarían cinco. Tampoco se limita los concejales con dedicación parcial".