El Gobierno de Canarias adeuda 32,3 millones de euros a las universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), según un informe de la Conferencia de Rectores en el que, sin embargo, no figuran los 26,1 millones que la Consejería de Educación debe pagar a la institución tinerfeña en virtud de una sentencia judicial que se encuentra recurrida por la Administración.

El análisis de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cifra en 2.294 millones de euros los derechos reconocidos pendientes de pago por las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2013. Según el informe, la Comunidad Valenciana -con 950 millones-, Andalucía -763 millones- y Cataluña -188 millones- son las administraciones regionales que acumulan una mayor deuda con sus universidades, de tal manera que concentran más del 80% del total.

Estas cantidades se corresponden con transferencias corrientes y de capital (inversiones) comprometidas y reconocidas por las comunidades autónomas que figuran -apuntan fuentes de la ULL- tanto en los presupuestos gubernamentales como en los de las universidades.

A la deuda no satisfecha hay que sumar la caída que se ha producido desde 2008 en la financiación de las comunidades a las instituciones académicas. La que han experimentado las universidades canarias es ligeramente inferior a la media nacional -un 17,6% frente a un 18,2%- y, en cifras absolutas, alcanza los 44,7 millones de euros, mientras que en el conjunto del país llega a los 1.346 millones.

Las universidades de Castilla-La Mancha son las que han sufrido una reducción más brusca de su financiación -un 36,2%-, seguidas por las de Madrid -un 28,1%- y las de Navarra -21,9%-, en tanto que las caídas más suaves se han registrado en Asturias (Universidad de Oviedo), con un 4%, y La Rioja, con un 6%.

"La política de austeridad y de consolidación fiscal que viene aplicándose en España desde 2009, intensificada en los últimos años, ha tenido importantes efectos negativos en la financiación pública que reciben las universidades", constatan los rectores en el documento, en el que también advierten de que los efectos de esos recortes "exceden ampliamente el posible ahorro que podría producirse en las universidades públicas por mejoras en la gestión de sus gastos corrientes operativos", de modo que afectan al "cumplimiento de sus misiones con la calidad que merece la ciudadanía".