El Tribunal Constitucional (TC) ha recibido ya al menos cinco recursos o conflictos de competencias de distintas administraciones y formaciones políticas contra la reforma local, norma que, a juicio de la oposición, demolerá los servicios sociales y que, para el PP, garantiza esas prestaciones y es constitucional. A los recursos presentados durante esta semana por el Parlamento extremeño y la Junta de Andalucía contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se sumaron ayer los del Parlamento andaluz, el Gobierno asturiano y el firmado por 130 diputados del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria. Además, el Gobierno canario aprobó su presentación, como hizo anteriormente la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de esa comunidad. Los grupos consideran que el Gobierno se ha extralimitado en la regulación Los grupos de la oposición argumentan en su recurso que el legislador estatal se extralimitó al regular las bases sobre "régimen local", invadiendo, con ello, el espacio competencial autonómico. A su juicio, la reforma local va a "demoler" los servicios sociales, acabará con la capacidad de gestión de los ayuntamientos y supone un ataque a la democracia. "Es una ley que priva a los ayuntamientos de su autonomía política", en palabras del portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui. Argumentos a los que contestó el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, quien defendió que la reforma es "plenamente constitucional", pues está avalada por el Consejo de Estado y tiene a su favor todos los informes jurídicos, y además "garantiza al cien por cien los servicios sociales".
