El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió ayer que "parece que sí hubo fallos de coordinación" en el dispositivo policial desplegado durante el 22M y añadió que ese fallo, "que se produjo", evitó que la Policía diese la respuesta adecuada a los violentos. Se trata de la primera vez que desde el Ministerio del Interior reconocen errores en la actuación policial durante los incidentes registrados el sábado al término de las denominadas Marchas de la Dignidad, que se saldaron con un total de 67 policías heridos.

El ministro, que eludió referirse a la posibilidad de que se vayan a llevar a cabo ceses de los responsables de ese operativo, insistió en varias ocasiones en no desviar el foco de la responsabilidad de los incidentes registrados, en alusión a los grupos violentos que agredieron a los policías. "A mí me gustaría que no perdiéramos de vista que ha podido haber fallos operativos, previsiblemente los ha habido, pero eso no quita el foco de dónde se debe poner", dijo.

"Va a parecer al final que, por un fallo de coordinación, se produjeron esos hechos. El fallo operativo, que se produjo, hizo que no tuviera la respuesta adecuada cosa que lamentamos, pero, insisto, no vayamos a confundir la causa con las consecuencias", reiteró.

El director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, se comprometió el miércoles con los sindicatos policiales a depurar responsabilidades si se demuestra que hubo fallos, pero prefirió esperar a finalizar la investigación interna abierta por la Policía sobre este asunto para decidir. Según dijo, las conclusiones de sus pesquisas estarán listas en un plazo de 10 días. Fernández Díaz también se refirió a esa información reservada en curso, pero fue más allá al asumir que hubo fallos.

Desde los sindicatos y los agentes antidisturbios acusan a sus responsables de haberles dejado abandonados y estar sometidos a órdenes caóticas en la calle. Además denuncian que siempre se cuestione sus intervenciones. Por ello piden los ceses del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el comisario jefe de las UIP, José María Ruiz Igusquiza, y el jefe de la UIP en Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea, persona de confianza de Villabona.

Sobre la presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el ministro negó rotundamente que esta circunstancia llevase a los responsables policiales a dictar instrucciones diferentes a las habituales, es decir, que no se limitó la respuesta policial por la presencia de estos agentes internacionales.

"En absoluto. España es un Estado de derecho, si hay un país donde se está ejerciendo el derecho de reunión con naturalidad es España; por lo tanto, necesitamos pocos observadores internacionales. Sólo faltaría que hubiéramos dado órdenes a la Policía para quedar bien ante los señores de la OSCE", enfatizó el ministro, quien manifestó su deseo de que "ya que han venido, informen de esos violentos y esa panda de vándalos que se manifestaron después de las Marchas".

Fernández Díaz describió a estos como "bárbaros" y advirtió de que "no son una minoría", sino "más de un centenar de personas con una intención clara de hacer daño, de atentar gravemente contra la seguridad ciudadana".