El exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los exconcejales de Obras y Servicios Públicos, José Domínguez Pastor y Norberto Plasencia, así como la jefa de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de la Gerencia de Urbanismo, Loreto Ariz, además de la asesora legal Candelaria Benítez y el arquitecto municipal Epifanio Gómez fueron ayer declarados culpables de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en distinto grado por la construcción ilegal de un aparcamiento y locales sociales en la cabecera de la playa de Las Teresitas.
Por su parte, la también exconcejal de Urbanismo, Luz Reverón, fue absuelta al considerarse probado que el grueso de los hechos penales sucedieron antes de su llegada a la Concejalía.
El fallo no solo establece penas que van desde el año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo o empleo público y los tres años de cárcel y 15 de inhabilitación, sino que además obliga a los condenados a correr a partes iguales con la demolición de la estructura que se conoce como mamotreto, puesto que la jueza considera que no es susceptible de regularización porque ocuparía suelo protegido.
En las 108 páginas de las que consta el fallo, la jueza se muestra convencida desde el principio de que "políticos y técnicos estaban en connivencia (...) y que, actuando con plena conciencia de que el proyecto no se ajustaba a la normativa urbanística, decidieron arbitrariamente iniciar, tramitar e impulsar el procedimiento administrativo dirigido a la aprobación, adjudicación y ejecución de las obras contempladas en el mismo".
La magistrada Beatriz Méndez considera que durante el procedimiento judicial quedó probado que fue la Gerencia de Urbanismo, que por aquel entonces dirigía Manuel Parejo, la que tomó la iniciativa de sacar adelante este proyecto, obviando que existían numerosas cuestiones que lo desaconsejaban, como por ejemplo, que estaba pendiente la resolución del recurso judicial en el Tribunal Supremo de la compraventa de la playa o que el deslinde y el Plan General estaban en proceso de cambio.
Además, aclara que, en base al testimonio dado por los peritos requeridos, el proyecto no solo se llevó a cabo sin que existiera un convenio firmado con Costas, sino que invadía el dominio público e incluso era contrario al plan general y carecía de todos los informes técnicos preceptivos para una obra valorada en más de 21 millones de euros.
"Parejo, Plasencia y Domínguez votaron a favor de la aprobación del proyecto siendo completamente conscientes de que no se había obtenido las autorizaciones pertinentes para invadir zonas especialmente protegidas. Y por ello, como responsables políticos de sus respectivas áreas, dieron las instrucciones precisas para que Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez, en su condición de asesores y técnicos de la Gerencia de Urbanismo, emitieran informes vacíos de contenido sustancial sin hacer referencia alguna al ajuste del proyecto a la legalidad urbanística vigente, obviando la necesidad de que otros servicios de la Gerencia con competencia para ello, como los de Edificación y Gestión del Planeamiento, emitieran sus respectivos informes", detalla la sentencia.
Por todo ello, las penas fijadas son especialmente duras tanto para Manuel Parejo como para Loreto Ariz, a los que se les condena a tres años de cárcel y 15 años de inhabilitación de cargo y empleo público a cada uno, a los que se considera principales responsables.
Dos años y tres meses de prisión y 15 años de inhabilitación es la pena decretada para Norberto Plasencia, colaborador necesario, según establece el fallo, al igual que José Domínguez Pastor, al que se condena a año y medio de prisión y 15 de inhabilitación.
A Epifanio Gómez se le impone una pena de un año y medio de cárcel más ocho de inhabilitación, mientras que a Candelaria Benítez la pena de prisión es la menor de todas puesto que es de doce meses, aunque la inhabilitación es de ocho años.
Martín: "El derribo costará 500.000 euros"
El actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, dijo ayer en rueda de prensa que el derribo del mamotreto costará 500.000 euros.
Martín añadió que "la demolición va a permitir que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda comenzar a desbloquear a partir de ahora el frente de la playa de Las Teresitas", e insistió en que el denominado caso Mamotreto "ha sido una batalla difícil y cuya sentencia es pionera en España, ya que pocas condenas han respondido a esta responsabilidad civil en el país".
El también primer teniente de alcalde recordó que "los imputados que han sido condenados en esta sentencia no se encuentran en la actualidad ejerciendo ningún cargo público, ya que de ejercerlo deberían dimitir instantáneamente, puesto que tienen también una responsabilidad política".
Asimismo, se refirió al ex-alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, considerando que "está retrasando lo inevitable", refiriéndose a que actualmente es senador y solicitando que abandone inmediatamente este cargo.
El edil insistió en que la sentencia está en manos de los servicios jurídicos -encargados de sopesar qué consecuencias administrativas tendrá dicha sentencia- y que el equipo de gobierno estudia la sentencia para delimitar una fecha de actuación.