Los empleados públicos no fijos (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos) de la Comunidad Autónoma llevarán al Gobierno canario ante la Justicia si este no corrige un cambio en sus nóminas que afecta al tipo de contrato que los vincula a la Administración regional.
Así lo aseguró ayer Jaime Coello, portavoz de la Asociación para la Defensa de los Empleados Públicos No Fijos (Adepnof), un recién creado colectivo que nace con la idea de "unir fuerzas" y que está formado por los más de 3.000 trabajadores que se vieron afectados entre enero y abril de 2013 por la reducción salarial y de jornada de trabajo de entre un 10% y un 20%.
Coello recordó que desde el pasado mes de febrero, y sin que se haya producido modificación de la condición laboral ni de la relación contractual con la Administración, en sus nóminas aparece que son trabajadores "temporales" y no indefinidos de la Administración, cuestión que les supone un "perjuicio" para sus intereses personales. Como ejemplo, citó la solicitud de un préstamo bancario, para cuya concesión tiene más fuerza la condición de trabajador indefinido.
Por eso, una de las primeras acciones de la asociación será pedir a los afectados que soliciten de forma "individualizada y masiva" ante la Dirección General de Función Pública "la subsanación inmediata y urgente de la condición laboral que se refleja en las nóminas emitidas y de las que se elaboren en el futuro por parte del centro directivo competente", de modo que conste "la correcta denominación".
Además, esta solicitud de rectificación formal la harán extensiva a todos los archivos de personal que obran en poder de la Administración autonómica, "toda vez que su vínculo contractual es el de indefinido por sentencia".
El portavoz de Adepnof precisó que por esta modificación ya se han cursado algunas denuncias individuales ante la Inspección General de Trabajo, pero remarcó que si el Gobierno no corrige la situación la denuncia será colectiva. En este sentido, Jaime Coello insistió en que "siguen sin entender" qué pasó en diciembre de 2012, momento en el que aprobaron los presupuestos que están en vigor y que recogieron la reducción de sus salarios y jornada.
Por su parte, la Dirección General de Función Pública defendió que solo se ha realizado una "adaptación" a la orden de registro del personal, que data de 2010 y a la que no se había adaptado la nómina de estos empleados.