Casi un mes después de haber presentado al Parlamento y el Gobierno su informe sobre la falta de control de que disfrutan los centros concertados en Canarias, la Plataforma por la Dignidad volverá hoy a la carga esgrimiendo casos concretos para demostrar la "estafa silenciosa" de la que, a su juicio, están siendo víctimas muchas familias.

La Plataforma se presentará hoy en la Consejería de Educación para entrevistarse con la inspectora provincial de centros concertados, a la que expondrán situaciones como las de padres de un colegio del norte de Tenerife que no reciben las notas de sus hijos porque "deben alguna cuota" o las de otros de un centro de Santa Cruz que son obligados a pagos que teóricamente son voluntarios.

Varias familias se han puesto en contacto con este colectivo y sus testimonios dibujan, según la Plataforma, un panorama en el que abundan "la segregación, el elitismo y la falta de control" en los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos.

"La forma de presionar es retirar a las profesoras las notas del alumno cuyos padres no han podido hacer algún pago. De esta manera, cuando entras a la clase la profesora te dice que no tiene las notas de tu hijo y que debes ir a administración. Una vez allí te recuerdan la deuda que tienes. Todos sabemos que lo que hacen es ilegal y no podemos hacer nada y tenemos miedo", sostienen unos padres del norte de la Isla.

"Las posibilidades de ser matriculado en este colegio no dependen solo de la cercanía o pertenencia al distrito escolar, sino que tienen que ver también con la amistad con los directivos o con el estatus de quien quiere entrar, viva donde viva", se quejan otros, en este caso de la capital.

Esta misma familia alude a la ausencia de consulta sobre cualquier tema, dado que no existe asociación de padres y el Consejo Escolar está "ocupado por padres afines a la dirección del centro".

"La cuota hay que pagarla; de voluntad, nada", reza otro testimonio. Los padres que no pueden abonarla -cada vez más, dada la situación económica- son "invitados amablemente a marcharse".

El informe de la Plataforma reclama una fiscalización "exhaustiva" de los procedimientos de admisión y de los "sobrecostes" y cobros indebidos.